La pandemia evidencia el fallido modelo de residencias de España

La pandemia evidenció el fallido modelo de residencias de España, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este lunes. La covid-19 atacó principalmente a los más mayores, que sufrieron las consecuencias más graves del virus que paralizó el mundo en 2020. Sin embargo, en todo el país se dieron situaciones que iban más allá de la gravedad de la enfermedad. 

Muchos centros de mayores ya estaban en situaciones precarias antes de la emergencia, principalmente por la privatización del sector, pero con la pandemia todo se agravó. La Comunidad de Madrid negó asistencia a los mayores en medio del colapso sanitario de la primera ola, el Ejército encontró cadáveres en habitaciones de los centros y familiares de todo el Estado denunciaron las condiciones infrahumanas que sufrían los residentes así como la falta de comunicación con los centros.

Pese a esto, las condiciones generales de las residencias no han mejorado. Gracias a las vacunas, los más mayores están más protegidos ante la covid-19 pero no se han aumentado las ratios de personal, como pide la plataforma de PLADIGMARE, o las plazas públicas, como reclama la Marea de Residencias, formada principalmente por familiares y trabajadores.

De hecho, en 2020, pleno año de la pandemia, el déficit aumentó, según ha denunciado en un informe este lunes la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Las comunidades con mayor déficit son Andalucía, el País Valencià y Galicia

Según los datos difundidos, al finalizar 2020, solo había 389.677 plazas residenciales, 643 más que un año antes. Pero la ratio de cobertura por cada 100 mayores de 65 años realmente bajó, ya que pasó de 4,22 a 4,19 en un año.

Las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía, el País Valencià y Galicia, con 30.236, 22.860 y 14.331 respectivamente. Mientras que en cinco comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.541

Esto supone que faltan 75.699 plazas residenciales en España para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 habitantes mayores de 65 años que establece la Organización Mundial de la Salud.

El 64% de las plazas están financiadas por el Sistema de Atención a la Dependencia, pero realmente son 1.720 plazas menos que las que se financiaban al comienzo de la pandemia (febrero 2020).

Además, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales indica que los 5.529 centros residenciales que había en España al finalizar 2020 son 13 menos que el año anterior, "lo que confirma el estancamiento del sector". Los centros públicos son 1.451 (16 más que el año anterior), y los privados 4.078 (29 menos que antes de la pandemia)".

Necesarias 62.000 plazas para los más dependientes

Según la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias "de manera inmediata" al menos 62.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III), según indica el informe.

¿Cómo se calcula este dato? En noviembre había en lista de espera con Grado II y III más de 91.729 personas con Grado II y III y más de 67.000 pendientes de valorar. Con estas cifras, y los porcentajes actuales de personas atendidas, la asociación indica que cuatro de cada diez requerirían un servicio residencial. De ahí la estimación tan solo para atender la demanda de la lista de espera.

Madrid, única región con más plazas privadas que públicas

El 63,2% de las plazas residenciales son de financiación pública —plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio—. Este porcentaje ha ido aumentado ligeramente en los últimos años, de manera que al finalizar 2020 suponían 2,65 por cada 100 personas mayores de 65 años.

Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Aragón y Extremadura. Las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5%.

Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5%) que las de financiación pública (1,86%).