La falta de acuerdo en vivienda condiciona hasta el último minuto el decreto de medidas sobre la guerra
Desde Moncloa no se cierran a incluir cuestiones relacionadas con vivienda pero buscan el "equilibrio" para contentar tanto a sus socios de izquierda como a PNV y Junts.
Sumar, ERC, EH Bildu, BNG o Podemos, junto a organizaciones sindicales o sociales, presionan para incluir la prórroga de los contratos de alquiler que rechazan los otros socios.

Madrid--Actualizado a
Faltan poco más de 24 horas para la celebración del Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. En este encuentro el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará el llamado Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio. Será el propio líder del Ejecutivo quien presente ante los medios de comunicación las medidas en un contexto marcado por la presión de sus socios para que estas sean ambiciosas. Y especialmente hay un punto en el que se están encontrando con resistencias por parte de los socialistas y que está generando incertidumbre en las negociaciones.
La inclusión de medidas sobre vivienda que alivien a la ciudadanía es una de las principales peticiones. No solo de Sumar sino de otros grupos como ERC, EH Bildu o Podemos. Su apoyo es necesario para que la próxima semana voten a favor del Decreto Ley en el Congreso. Pero el hecho de que en la ecuación también tenga que entrar Junts complica el asunto. Todo esto teniendo en cuenta que en Moncloa no guardan demasiadas esperanzas en que el PP favorezca la aprobación del paquete.
El ala socialista ha alejado o enfriado la posibilidad de que entre las medidas se incluyan algunas peticiones de la izquierda respecto a alquileres. Tanto en público como en privado los argumentos según las fuentes consultadas son similares. Hay una parte de aritmética parlamentaria y otra de naturaleza más técnica.
"Con Junts en temas de vivienda hay que andar con pies de plomo", señalan fuentes socialistas. El partido de Carles Puigdemont ya ha tumbado, junto a PP y Vox, medidas relevantes como la moratoria antidesahucios incluida en el escudo social. El PNV es otro escollo. El partido vasco ha asegurado que incluir medidas que no tengan que ver con Irán de manera directa sería para el Gobierno "jugar a la ruleta rusa".
El Gobierno es consciente de ello, por el diálogo mantenido con todos los grupos, y pretende que este viernes cuando se presente el Decreto Ley ya cuente con garantías de que saldrá adelante la semana que viene en el Congreso. Una derrota parlamentaria en un plan de este calado sería un golpe por el que no quieren pasar en Moncloa. "Vamos a traer un decreto que concite el mayor número de votos posible", aseguran las fuentes consultadas, que añaden que se está buscando "un equilibrio" entre las posiciones políticas más alejadas y que las negociaciones se alargarán hasta los últimos momentos.
Más allá de eso, en el Gobierno apuntan a que de momento no se está produciendo una inflación provocada de manera directa por los ataques de EEUU e Israel a Irán. "No hay una relación en estos momentos", señalan. "No hay ningún indicador que señale que ha subido el precio de la vivienda como consecuencia directa de la guerra", añaden en Moncloa.
El titular de Economía, Carlos Cuerpo, destacó precisamente este martes tras el Consejo de Ministros que en las circunstancias actuales las medidas "tienen que adaptarse al impacto". En este sentido, apuntó a que de momento la situación es diferente a lo ocurrido cuando estalló en la guerra de Ucrania, donde los efectos en la inflación o en los precios del combustible fueron más visibles desde el comienzo. Cuerpo contestó de esta manera al ser preguntado en varias ocasiones sobre si se incluirán medidas sobre vivienda. En todo caso en Moncloa apuntan a la "flexibilidad" para poder incluir más adelante estas medidas si fueran necesarias. "Con Ucrania se aprobaron siete paquetes", recuerdan.
Sánchez, por su parte, hizo este miércoles un discurso similar en la comparecencia pública ofrecida tras reunirse con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenski. El líder del Ejecutivo puso el foco en la "transformación estructural del sistema energético" y en medidas coyunturales. En este contexto además se ha enfriado la que se suponía que era una inminente presentación en el Consejo de Ministros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente del Gobierno evitó responder este miércoles sobre si cumpliría con el plazo del primer trimestre y apuntó a que en estos momentos está centrado en gestionar "una de las mayores crisis" que ha tenido desde que está en Moncloa.
Fuentes del Gobierno deslizan que sí se llevarán a cabo "medidas fiscales" sin confirmar o desmentir la posibilidad de gravar a las empresas petroleras.
Los argumentos de la izquierda
En cambio, los partidos de la izquierda alternativa están poniendo toda la carne en el asador para que se aprueben medidas de calado para paliar la crisis de vivienda. Desde Sumar se ha puesto especial hincapié en la prórroga de los contratos de alquiler, que califican como "la medida más importante" que se puede tomar este viernes. Este asunto se incluyó en el primer paquete de medidas aprobado en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania. Un Real Decreto Ley que ponen como referencia entre los socios del PSOE.
"¿Por qué se incluyó entonces y ahora no?", se preguntan en el espacio. "Si sube el coste de la vida y siguen subiendo alquileres la desprotección es mayor", argumentan fuentes del espacio. "Es la oportunidad política perfecta para hacerlo", señalan otras voces de Sumar. Recuerdan además que tanto Junts como PNV ya votaron en su momento a favor de la prórroga de alquileres en el citado Decreto de 2022.
En paralelo, fuentes del espacio resaltan que es el PSOE quien se está quedando solo con esta posición. Otros grupos necesarios para la aprobación han mostrado sus peticiones de manera similar. EH Bildu considera necesaria esta prórroga, aparte de recuperar el impuesto a las energéticas, topar el precio de productos básicos, ayudar a la industria electrointensiva o recuperar el bono social eléctrico. "Son medidas extremas. De extrema necesidad para millones de personas", destacó este miércoles el diputado Oskar Matute.
En ERC se comparte también la medida sobre alquileres y además pretende congelar al 0% la actualización del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) o también la recuperación del impuesto extraordinario a las empresas energéticas. Compromís, Podemos o BNG también se han mostrado partidarios de la citada prórroga.
No solo en el ámbito político se reclama esta medida. El sindicato CCOO, a través de su secretario general Unai Sordo, también lo exige. "Hay que garantizar que las renovaciones de los alquileres no llevan aparejado un incremento de costes para las familias", abogando por "una congelación o un tope. Es absolutamente necesario dentro de una política más amplia de vivienda", dijo este martes el líder sindical.
Organizaciones sociales como Amnistía Internacional en España han advertido que "la guerra no solo amenaza los precios de la gasolina o los alimentos, sus efectos se notarán también en el derecho a la vivienda, por el previsible impacto de la inflación en unos precios ya desorbitados". Por ello, Amnistía ha pedido la "protección de quienes alquilan ante la finalización de sus contratos o la actualización anual de la renta".
Desde el Sindicato de Inquilinas señalan que los conflictos bélicos en zonas energéticamente estratégicas, como el actual en Irán, "suponen un movimiento que desencadena una mayor tensión en los alquileres de las ciudades y la entrada en España, como país seguro dentro de la UE, de capitales extranjeros refugiando sus inversiones en el sector inmobiliario". Para esta organización este hecho supone "una tormenta perfecta para la acaparación de inmuebles por parte de los fondos buitre".
"Sería incomprensible no incorporar las medidas de limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, y que no se activen de la misma manera en este conflicto", añaden.
Por otra parte, en Sumar esgrimen también un informe de Intermón-Oxfam titulado La vivienda: cimiento de desigualdades y que fue publicado esta misma semana. En él se señala que el 85% de las personas inquilinas se encuentran en una situación de sobreesfuerzo económico. "En un contexto de subidas de alquiler que van desde el 25% al 70% en algunos territorios, a lo que se suma un evidente encarecimiento del coste de vida derivado del aumento de los precios del petróleo tiene un impacto extraordinario en estas economías familiares que ya van al límite. Las inquilinas ya necesitaban apoyo por parte de las instituciones antes de la guerra de Irán, pero la situación derivada del conflicto hace que esta intervención sea más urgente que nunca", apuntan fuentes de Sumar.
En este contexto, según varias fuentes consultadas, se está estudiando la posibilidad de topar al 2% la actualización de los alquileres. "No es suficiente", señalan fuentes de Sumar. "No nos está resultando nada fácil que el PSOE acepte medidas de vivienda. En eso estamos", añaden desde el espacio. En Podemos, por su parte, las fuentes consultadas no tienen mucha expectativa de que se incluyan medidas de calado en vivienda pero consideran que los socialistas deberían al menos "hacer algún gesto" en este sentido.


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