No fue una catástrofe inevitable. No fue un error técnico. No fue únicamente el resultado de un virus desconocido que causó una pandemia devastadora. Lo que ocurrió en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia fue una decisión política consciente que tuvo consecuencias mortales: 7.291 personas mayores murieron sin ser derivadas a un hospital, abandonadas a su suerte en el lugar que debía ser su hogar y que se convirtió en una antesala de la muerte.

Hoy, años después, ya no caben eufemismos. Aquello fue una discriminación sanitaria sistemática por razón de discapacidad y dependencia.

Mientras el discurso oficial hablaba de "medicalizar las residencias", la realidad fue exactamente la contraria: no se medicalizó ninguna como reconoció en sede judicial recientemente Francisco Javier Martínez Peromingo, jefe de los geriatras de enlace en aquel entonces, sustituto de Carlos Mur a posteriori y actualmente cargo en la Fundación Quirón. No se reforzó ninguna residencia con médicos suficientes, no se enviaron enfermeros, no se enviaron medios diagnósticos ni terapéuticos, no se transformaron los centros en espacios sanitarios. Las residencias siguieron siendo recursos sociales sin capacidad para afrontar una emergencia sanitaria de tal magnitud.

Y aun así, se decidió que los servicios hospitalarios no se desplazarían a las residencias y que los residentes cuyo grado de dependencia y deterioro cognitivo fuese considerable no serían derivados a hospitales públicos, pero tampoco a hospitales privados que estaban bajo el mando único sanitario (salvo que tuviesen seguro médico). Lo conocido hace unas semanas en relación al Hospital de Torrejón y su gestión por parte del Grupo Sanitario Ribera Salud nos ha recordado cómo funcionan las cosas.

A partir del 13 de marzo de 2020, las puertas de los hospitales madrileños comenzaron a cerrarse para los mayores que vivían en residencias. Se instauró un sistema de triaje encubierto basado en criterios de dependencia y discapacidad. Se creó la figura del "geriatra de enlace", cuya función no era clínica, sino selectiva: decidir quién accedía al hospital y quién no, en función de criterios no médicos. No se valoraba el estado clínico individua del paciente en ese momento, sino la autonomía funcional. Si tu padre era dependiente, iba en silla de ruedas, o tenía deterioro cognitivo grave o severo no era derivable y la ambulancia por más que la llamases nunca iría a recogerlo.

A partir de ese momento, se aplicaron varios protocolos de exclusión sanitaria, los Protocolos de la Vergüenza, al menos fueron cuatro y aunque su lenguaje se fue moderando, consolidaron un verdadero sistema de exclusión basado en criterios de dependencia y discapacidad. Los redactó y envío Carlos Mur, Director General de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid junto a un grupo de personas, entre los que estaba, al menos, Francisco Javier Martínez Peromingo que ahora, años después, imputado junto a Mur y al jefe del SUMMA 112 por esta cuestión, ha asegurado que advirtió de su carácter discriminatorio. Sería creíble si no hubiera reconocido la autoría de un segundo protocolo "técnico" que igualmente incluía criterios discriminatorios y si no hubiese sido premiado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el mismo cargo público que dejó de ocupar Carlos Mur tras su cese.

¿Quién más lo sabía? ¿Quién más participó en esa toma de decisiones? ¿Por orden de quién se adoptaron dichos protocolos? Ahora que está en boga discutir sobre la autoría mediata del artículo 28 del Código Penal cuya figura jurídica ha servido para condenar al Fiscal General, ¿no sería aplicable a este caso? ¿Recibieron órdenes de Isabel Diaz Ayuso, el Consejero de Sanidad, la Viceconsejera o "alguien de su entorno"?

Desde el punto de vista jurídico, los hechos son claros: las personas residentes en centros de mayores seguían siendo ciudadanos titulares del derecho fundamental a la protección de la salud (artículo 43 de la Constitución Española), del derecho a la igualdad y no discriminación (artículo 14) y del derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15). Ninguna situación de emergencia sanitaria habilita a la Administración para suspender estos derechos ni para establecer categorías de ciudadanos atendibles y no atendibles.

En Derecho Penal eso tiene un nombre. No es "gestión de crisis", ni "racionalización de recursos". Es un delito de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria recogido en el artículo 511 del Código Penal.

La existencia de decisiones conscientes, sostenidas en el tiempo y basadas en criterios discriminatorios obliga, como mínimo, a una investigación judicial exhaustiva que es lo que no ha sucedido hasta la fecha.

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No se trata de revisar decisiones médicas individuales adoptadas en un contexto de emergencia. Se trata de analizar decisiones normativas y organizativas que excluyeron a un colectivo entero del sistema sanitario público de salud por razón de dependencia o discapacidad que no se aplicó a ningún otro grupo poblacional.

Fue además una vulneración consciente y contumaz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que prohíbe cualquier discriminación en el acceso a la atención sanitaria.

Durante esas mismas semanas, la Comunidad de Madrid desplegó recursos sanitarios extraordinarios en otros ámbitos. Se abrieron hoteles medicalizados y se levantó el hospital de campaña de Ifema, que absorbió a miles de profesionales  sanitarios donde también podían haber sido trasladados y no se hizo. Por el contrario, a las residencias apenas se destinó un 3% del personal disponible. No fue falta de recursos. Fue una jerarquización de vidas.

Las consecuencias fueron devastadoras: personas mayores que pasaron sus últimos días sin tratamiento adecuado, sin oxígeno, sin diagnóstico, sin alivio del dolor. Familias que dejaron de recibir llamadas. Residentes que murieron solos, sin despedida y sin atención médica adecuada. Murieron de forma indigna. La Comunidad de Madrid conocía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Tenía informes diarios, datos precisos de fallecimientos, contagios y carencias en cada residencia. Y aun así, no actuó, o lo que es peor, actuó selectivamente.

Cada una de las 7.291 personas fallecidas era sujeto de derechos, no objeto de gestión. Un Estado social y democrático de derecho se mide precisamente en los momentos de crisis. Y cuando la ley no protege a los más vulnerables, si no que los excluye, deja de cumplir su función esencial.

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Lo ocurrido en las residencias madrileñas exige verdad, justicia y reparación como llevan años exigiendo las asociaciones Marea de Residencias, Verdad y Justica, y Pladigmare junto al implacable apoyo a la investigación por parte de Manuel Rico. Que ahora, casi seis años después, haya una investigación en condiciones, con una Fiscalía que no mire para otro lado y con jueces valientes que quieran investigar, es una necesidad democrática. No por revancha, sino por justicia.

No se trata solo de dirimir responsabilidades penales o administrativas. Se trata de una responsabilidad moral y política histórica. Una serie de decisiones políticas que han sido impunes hasta la fecha y que supusieron dejar morir a miles de personas por considerar que no eran prioritarias ni rentables.

El otro día, en una de las declaraciones de las tantas investigaciones que hemos conseguido reabrir a raíz de la denuncia colectiva interpuesta por las asociaciones el año pasado, recuerdo la de un geriatra de enlace que, tras asegurar que el fallecido no debía ser trasladado porque su propio estado de salud no lo recomendaba, no supo qué contestar cuando le pregunté si ese mismo señor de 89 años, enfermo de Alzheimer, hubiera sido trasladado a un hospital caso de enfermar el 27 de abril en lugar del 27 de marzo. 

Lo ocurrido en las residencias madrileñas no fue solo una tragedia sanitaria. Fue un fracaso ético y político de enorme dimensión. Y mientras no se reconozca, mientras no haya verdad, justicia y reparación, y garantías de no repetición esta herida seguirá abierta y, lo peor de todo: puede volver a repetirse.