Las contradicciones principales entre los dos exaltos cargos de Ayuso imputados por el escándalo de las residencias

Por primera vez, los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia han compartido con la justicia su relato sobre los protocolos de la vergüenza, las directrices que cerraron la puerta de los hospitales a miles de mayores que vivían en residencias. Dos comparecencias. Un mismo juzgado. Y dos versiones que se cruzan, se solapan y se contradicen en varios puntos. 

1. Quién redactó los protocolos y si eran discriminatorios

El primero en declarar fue Francisco Javier Martínez Peromingo, el pasado 9 de diciembre, ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Las diligencias se enmarcan en la querella presentada por la familia de una exresidente de Amavir Valdebernardo. Su estrategia fue clara desde el inicio: señalar a un responsable concreto. Peromingo apuntó directamente a Carlos Mur de Víu como autor de las directrices y reconoció sin ambages que los protocolos tenían un carácter "discriminatorio", algo que —según afirmó— advirtió reiteradamente por escrito, por correo electrónico e incluso por WhatsApp. 

Con la pelota sobre su tejado y tras haber esquivado a la justicia en cuatro ocasiones, Mur compareció este lunes por videoconferencia, también ante el Juzgado número 23 y por la misma causa. Su declaración devolvió el balón al otro lado del campo. Negó ser el autor de los protocolos y señaló, con nombre y apellido, a Martínez Peromingo como responsable de su redacción, aunque introdujo un matiz: aseguró que los documentos fueron elaborados junto a otros 22 geriatras de enlace. 

2. Mención a otros exaltos cargos del Gobierno 

Mur sostuvo que su papel se limitó a coordinar, revisar, firmar y remitir las directrices. Y, a diferencia de su antecesor en el estrado, amplió el foco de responsabilidades: mencionó a la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, como destinataria de los protocolos, y al exconsejero Enrique Ruiz Escudero, a quien atribuyó la creación de la figura de los geriatras de enlace. 

En todo caso, más allá de aclarar quién redactó los protocolos, hay una cuestión clave que ninguno de los dos aclaró: quién dio la orden de enviarlos a los hospitales. Eso sí, la mención de Mur a Escudero y Dávila y el hecho de que indicase que él se limitó a firmarlos y remitirlos, apunta claramente hacia los principales responsables de la Consejería.

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3. Medicalización de las residencias

En su declaración, Peromingo reconoció que una parte significativa de las residencias nunca llegó a ser medicalizada. No lo estaban —explicó— porque faltaban tanto medios materiales como personal sanitario. Dibujó un mapa desigual: centros que ya contaban con cierta dotación y a los que se les suministró medicación de uso hospitalario, frente a otros que carecían por completo de recursos sanitarios y no estaban preparados para atender a personas enfermas. 

Peromingo situó en ese contexto una reunión del 13 de marzo de 2020. Según relató, en ese encuentro Mur planteó la necesidad de medicalizar las residencias para garantizar una atención sanitaria adecuada a las personas mayores. También afirmó que este último aseguró entonces que se enviarían médicos y enfermeras, algo que entendió como un refuerzo dirigido precisamente a los centros sin dotación propia.

En este punto, Mur coincidió parcialmente con Peromingo. Defendió que los protocolos solo tenían sentido en un escenario de centros medicalizados y reconoció que, al menos en el caso investigado, esa medicalización no existió o fue insuficiente, tanto en medios como en personal médico. 

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4. Ninguno respondió a la acusación popular

Mur afirmó que las víctimas merecen respeto. Sin embargo, al igual que Peromingo, eludió responder a las preguntas de la acusación popular. Ambos contestaron a las planteadas por sus defensas, el Ministerio Fiscal y la magistrada. 

El relato oficial se "resquebraja"   

Alejandra Jacinto, abogada de las familias, analiza en conversación con Público las dos comparecencias judiciales. "Se están pasando la patata caliente y echándose el muerto unos a otros; más gráfico y más literal no puede ser", resume. A su juicio, este cruce de acusaciones "resta credibilidad" a ambos y debilita la veracidad de sus versiones. Jacinto considera que las contradicciones obligan ahora a la jueza a profundizar en la investigación. "Debería tomar nota de esas divergencias, acordar las diligencias que ya hemos solicitado y las que vamos a pedir tras analizar con detalle la declaración de Mur, y seguir adelante con la instrucción", apunta.

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Para Jacinto, más allá del reparto de culpas, hay hechos que ya resultan incontestables. "Lo esencial que se desprende de ambas declaraciones es que los protocolos existieron, se elaboraron, se aplicaron y se ejecutaron; que el Gobierno de la Comunidad de Madrid conocía lo que se estaba haciendo; que las residencias no se medicalizaron de forma suficiente y que, en consecuencia, se produjo una discriminación", afirma tajante. 

La abogada incide en que el procedimiento no puede quedarse a medio camino. "Vamos a esperar a que la instrucción continúe, en esta causa y en todas las demás, y a que se ponga fin a una impunidad que resulta escandalosa". Recuerda además que se trata de hechos ocurridos hace seis años, con varias causas al borde de la prescripción. "No sería admisible que, a base de dilaciones y de enredar lanzándose la pelota, todo acabe en nada. Eso impediría que se haga justicia y, sobre todo, que se conozca la verdad", termina.

No obstante, aún queda otra pieza por encajar en este engranaje judicial. La causa sigue a la espera de la declaración del tercer imputado, Pablo Busca, exdirector gerente del SUMMA 112. Estaba citado a comparecer el pasado 9 de diciembre, pero no llegó a hacerlo por encontrarse de baja médica.