Mur declara ante la jueza que él no elaboró los 'protocolos de la vergüenza' y admite que las residencias no se medicalizaron lo "suficiente"

Son las 9.30 de la mañana. El reloj marca un mismo escenario. Como ya ocurrió a principios de diciembre, los familiares de las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza se concentran a las puertas del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Esperan, una vez más, respuestas. En concreto, las de Carlos Mur de Víu, uno de los exaltos cargos que firmó las directrices que impidieron el traslado hospitalario de miles de personas durante la primera ola de la pandemia.

Esta vez, la comparecencia sí se ha producido. Tras esquivar hasta en cuatro ocasiones su citación como investigado, Mur ha declarado finalmente este lunes a las 10.00 horas. No lo ha hecho en la sede judicial madrileña, sino por videoconferencia desde Andorra, después de que el juzgado aceptara su solicitud al acreditar que trabaja y reside en el Principado. Es la primera ocasión en la que el exresponsable sanitario ofrece su versión de los hechos ante un tribunal, en una causa en la que figura como uno de los principales imputados.

La comparecencia se ha prolongado durante 40 minutos. Mur ha arrancado su declaración afirmando que las víctimas "merecen respeto". Sin embargo, según ha explicado ante los medios Alejandra Jacinto, abogada de las familias, el excoordinador sanitario se ha negado a responder a sus preguntas.

En su intervención, limitado a las cuestiones planteadas por su defensa, el Ministerio Fiscal y la magistrada, Mur ha tratado de deslindar responsabilidades. Ha asegurado que no fue el autor de las directrices, que —según su versión— fueron redactados por Francisco Javier Martínez Peromingo junto a otros 22 geriatras de enlace. Él, ha dicho, se limitó a coordinarlos, revisarlos, firmarlos y remitirlos a la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila. También ha señalado que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Además, según ha trasladado Jacinto, Mur también ha defendido que los protocolos solo tenían sentido en un escenario de residencias medicalizadas. No obstante, ha reconocido que, al menos en el caso concreto investigado, esa medicalización no se produjo o fue insuficiente, al igual que la dotación de personal médico. "Por tanto, se impidió la derivación hospitalaria sin que la residencia estuviera medicalizada", ha concluido Jacinto.

"Se están pasando la pelota unos a otros"

Dos declaraciones cobran más sentido si se leen juntas. En el marco de esta misma causa judicial ya compareció, el pasado 9 de diciembre, Peromingo, señalado como el ideólogo de los protocolos. En su testimonio, Peromingo apuntó de forma directa a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios incluidos en aquellas directrices.

Alejandra Jacinto, abogada de las familias: "Todo lo que intentó Peromingo para salirse de la ecuación no ha sido respaldado por Mur"

Según ha explicado Jacinto, la comparecencia de Mur desbarata la estrategia de desvinculación que Peromingo trató de trazar en su declaración del pasado diciembre. "Todo lo que intentó Peromingo para salirse de la ecuación no ha sido respaldado por Mur", ha señalado. Al contrario, Mur ha desmentido esa versión y ha afirmado que fue él quien elaboró la base técnica y clínica de los protocolos. También ha reconocido que recibió advertencias sobre su posible carácter discriminatorio, entre otros, del entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, lo que llevó —según su relato— a introducir modificaciones sucesivas hasta llegar al texto definitivo del 25 de marzo. 

Para la abogada, el cruce de versiones evidencia un intento de trasladar responsabilidades. "Da la impresión de que se están pasando la pelota unos a otros", ha apuntado, antes de subrayar otro elemento que considera clave: Mur ha asegurado que la viceconsejera conocía el contenido de los protocolos y que fue el propio consejero de Sanidad quien dirigió todo el proceso.  Jacinto también ha informado de la suspensión de las declaraciones previstas para este lunes de cuatro médicos de la residencia Amavir Valdebernardo, "al alegar las defensas no haber sido notificadas correctamente". Ante esta situación, ha explicado que las acusaciones consignarán por escrito las preguntas que habrían formulado a Mur para que el magistrado las tenga en cuenta durante la instrucción.

Además, sigue pendiente la declaración de Pablo Busca, a quien Mur ha situado igualmente en el proceso de elaboración de los protocolos. Según ha confesado, se contó con su criterio sobre los traslados en ambulancia y se le trasladó que, siempre que existiera consenso entre el médico de la residencia y el geriatra de enlace sobre la derivación de un paciente, el SUMMA debía proceder al traslado.

Relacionado con este tema

Una jueza de Madrid acepta que el firmante del 'protocolo de la vergüenza' declare como imputado desde Andorra

Rocío Cruz

"Una falta de respeto" hacia las familias de las víctimas  

Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias, considera que permitir a Mur declarar por videoconferencia supone "una falta de respeto" hacia las familias de las víctimas, después de que haya eludido hasta en cuatro ocasiones comparecer ante la justicia. A su juicio, la fórmula elegida ahonda en la sensación de "impunidad" que rodea la causa.

En la misma línea se expresa Lola Parra, familiar de una de las personas fallecidas bajo la aplicación de los protocolos. Habla de "desesperanza" y "dejadez institucional". "Tendrían que haber obligado a Mur a declarar presencialmente en el juzgado. Todo esto parece una estrategia para que las causas prescriban", denuncia. Tras más de seis años de espera, lamenta que la justicia siga sin llegar. "Lo ideal sería que se unificaran las causas y que Mur tirara de la manta. Eso implicaría señalar al exconsejero y a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, Javier Cordón, portavoz de la plataforma 7.291: Verdad y Justicia, denuncia que seis años después "no hay ni un solo responsable" por lo ocurrido en las residencias. A su juicio, se trató de decisiones políticas "centralizadas", una circunstancia que, insiste, hace imprescindible la unificación de las causas judiciales para comprender en su conjunto lo que sucedió. "Solo así se podría reconstruir la verdad", sostiene. Cordón cuestiona la legitimidad política de quienes tomaron aquellas decisiones. "No son dignos de seguir gobernando ni de gestionar recursos de los que depende la vida de miles de personas", sentencia.