La Xunta abre diligencias contra los inspectores de residencias que denunciaron chivatazos de altos cargos

La Xunta de Galicia ha abierto  diligencias previas de procedimiento sancionador a los inspectores e inspectoras que el pasado verano denunciaron que altos cargos de su propio departamento boicoteaban su trabajo alertando a las residencias de mayores y dependientes de las fechas y horas de sus inspecciones.

Según la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (Agiis), la Consellería de Política Social, que dirige Fabiola García, ha citado y empezado a interrogar individualmente a varios funcionarios. Entre ellos están los siete que pertenecen al departamento encargado de inspeccionar las residencias.

La Consellería asegura que se trata de una "investigación interna" para "descartar posibles irregularidades en el servicio" y añade que "no tiene indicios" de la veracidad de las acusaciones. Pero Agiis desmiente rotundamente esa versión e insiste en que sus asociados han recibido citaciones en las que se les indica expresamente que se han abierto contra ellos "diligencias previas a la apertura de un expediente sancionador". 

Ante esa circunstancia, la asociación de inspectores ha buscado asesoramiento legal para proteger a sus asociados.

"Maniobra de represalia y coacción"

Agiis alerta de que se trata de una maniobra de represalia y coacción contra ellos, algo en lo que coincide la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (Rede), que considera "inaudito" que la propia Administración autonómica "boicotee" a sus inspectores y ponga en peligro el correcto cuidado y atención a mayores y dependientes.

Los hechos se remontan al pasado mes febrero, cuando los funcionarios advirtieron a sus superiores de que tenían constancia, a través de los trabajadores de las residencias y de su propia experiencia profesional, de que se estaban produciendo chivatazos para alertar a la dirección de las empresas de las fechas y horas de sus visitas.

La Consellería aceptó en principio modificar el sistema para que nadie salvo cada inspector en concreto pudiera conocer por anticipado cuándo y dónde iban a inspeccionar. A partir del pasado julio, por contra, reinstauró el sistema anterior, que permite a los altos cargos de Política Social conocer de antemano las fechas y horas de las inspecciones.

Fue entonces cuando los inspectores denunciaron que se habían producido los chivatazos, de los que señalaron como posibles responsables de las filtraciones a varios altos cargos de la Consellería. Entre ellos citaban a la propia Fabiola García, al personal de su gabinete, al secretario xeral de la Consellería y al vicesecretario.

"Consecuencias"

El portavoz de Rede, Paulino Campos, recuerda que los responsables de inspeccionar las condiciones en las que se desarrolla el cuidado de los mayores y dependientes en las residencias de la Xunta se han sentido "recurrentemente coaccionados por los mandos y altos cargos del departamento de inspección y de la propia Consellería" desde que hicieron su denuncia. Y añade que la conselleira Fabiola García incluso había advertido en el Parlamento de Galicia de que sus denuncias "tendrían consecuencias".

Se refería a "consecuencias para los inspectores e inspectoras denunciantes, claro", añade Campos, "consecuencias por tanto para la transparencia, la libertad de expresión y la calidad de la democracia".

El portavoz de Rede lamenta que los inspectores sean "boicoteados por sus propios jefes" permitiendo a las empresas privadas que gestionan las residencias "tapar" sus irregularidades, y advierte del riesgo que eso supone sobre la garantía que debe ofrecer la Administración de que cumplen con sus obligaciones y disponen de los medios humanos y materiales para cuidar adecuadamente a los usuarios.

Además, critica que la Administración les facilite las familias información sesgada sobre los resultados de las inspecciones, y que las actas de las mismas no sean públicas. "A partir de ahora va a ser una de nuestras banderas, que esas actas estén por ley a disposición de quien quiera consultarlas, como ya sucede en otros países como Estados Unidos y Canadá".