Trabajadores y usuarios de residencias gallegas, algunas gestionadas por empresas privadas, han denunciado agresiones y maltrato a personas mayores residentes por parte de pacientes psiquiátricos con patologías graves que la Xunta ingresa en ellas.

La oposición, los inspectores de servicios sociales, las asociaciones de familiares y usuarios llevan meses alertando de que ante la falta de recursos en salud mental, la Xunta estaba derivando a las residencias de mayores a esos enfermos.

El pasado 8 de agosto la Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia REDE recogió la denuncia de María José Esperón, una mujer de 83 años que vive en el centro residencia de atención a personas dependeientes (CRAP) número 2 de Vigo que asegura haber sido agredida en varias ocasiones.

"La de este domingo último [por el 6 de agosto] ha sido terrible, empujada , tirada al suelo, y arañada por una joven de no más de 40 años con problemas psiquiátricos que está ingresada también en esta residencia", narraba la afectada, quien afirmó haber sufrido una crisis de ansiedad que le paralizó el habla temporalmente.

Encerrada en su habitación

"Yo tengo 83 años y tengo que vivir en mi habitación encerrada por miedo a estas personas con trastornos psiquiátricos... Yo no estoy, ni mucho menos, en contra de estas personas, por favor, pero solo pido que cada uno estemos en los sitios adecuados, y aquí no podemos convivir personas mayores con personas con trastornos psiquiátricos", añadía.

 "Lo que ocurre en esta residencia pública es el desastre más grande que he visto en mi vida (...) Ingresadas, en estos momentos, hay más gente de psiquiatría que personas mayores", seguía. "Esto es un psiquiátrico sin psiquiatras y las personas mayores tienen miedo", concluía.

Público se ha dirigido a la Consellería de Política Social e Xuventude, que dirige Fabiola García, para tratar de obtener la versión oficial de los hechos, pero al cierre de este artículo no había obtenido respuesta.

En noviembre del año pasado, la Asociación Galega de Inspectores de Servizos Sociales (Agiss) advirtió  de que la Xunta estaba convirtiendo algunos centros en "bombas de relojería" por los ingresos de mayores con patologías mentales graves que no iban acompañados de la necesaria dotación de recursos y profesionales para hacerse cargo de ellos.

Enfermos menores de 65 años

Cuatro meses después, y ante una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Marina Ortega, Política Social se negó a informar de cuántos mayores de 65 años con patologías mentales habían sido ingresados en las residencias, y defendió que éstas tenían el mismo derecho a una plaza que cualquier persona de su edad.

Poco después, sin embargo, las trabajadoras de varias residencias denunciaron que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había empezado a derivarles enfermos de psiquiatría menores de 65 años, y que tanto el personal como los usuarios y las familias tenían "miedo" de que pudieran alterar la conviviencia en los centros.

"Es un disparate mezclar en los centros de atención residencial a personas mayores con personas que tienen patologías psiquiátricas graves", asegura Ortega, quien añade que se trata de "una decisión desesperada" de la Xunta "por la falta de recursos" humanos saniarios suficientes. "No es una decisión técnica, es una decisión política provocada por la omisión del deber de dar soluciones a quienes padecen problemas psiquiátricos graves", añade.

El departamento de García también afronta este verano las denuncias de los inspectores de Servizos Sociales, que acusan a la Xunta de facilitar que se produzcan filtraciones sobre su actividad que permitirán a los gestores de las residencias conocer con antelación la fecha y hora de las inspecciones.