La oposición gallega ha exigido a la Xunta que deje de presionar a los inspectores autonómicos de la Consellería de Política Social que denunciaron chivatazos de altos cargos de su propio departamento, que presuntamente habrían alertado de sus visitas a las empresas que gestionan residencias públicas de mayores.

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de Galicia, Luis Bará, acusó este lunes a la Xunta de "actuar como la Gestapo [la policía secreta de la Alemania nazi] presionando y amedrentando a los funcionarios públicos", mientras que la portavoz de Política Social del PSdeG, Marina Ortega, reclamó la dimisión o la destitución de la conselleira, Fabiola García, si se demuestra que esos chivatazos existieron.

El pasado 5 de agosto, el diario digital Praza Pública recogió la denuncia de varios inspectores e inspectoras de Política Social que aseguraban haber detectado "filtraciones" de la propia Consellería alertando de las fechas y las horas de las inspecciones, para que las direcciones de algunos centros pudieran así enmendar durante las mismas las infracciones que estarían cometiendo.

La Xunta negó las acusaciones, que calificó como "muy graves" pero carentes de veracidad y vertidas sin prueba alguna.

Altos cargos sospechosos de los chivatazos

Pocos días antes, la Asociación Galega de Inspectores de Servizos Sociais (AGISS) había acusado a la Consellería de propiciar los chivatazos, e incluso insinuó que altos cargos de Política Social, incluida la propia Fabiola García, el personal de su gabinete, el secretario xeral de la Consellería y el vicesecretario podían estar detrás de las filtraciones.

Hace unos seis meses, según Aggis, ante la "evidencia" de que alguien estaba alertando de sus visitas a las empresas que gestionan las residencias, que habrían confirmado los testimonios de varias trabajadores, la Consellería aceptó que cada inspector pudiera decidir personalmente los días y los horarios de sus inspecciones a los centros que cada uno tiene asignados, y que sólo informaría de los mismos a los jefes del área en la que se ubica la residencia afectada en el momento mismo de visitarlos.

Se trataba, aseguran, de "garantizar la máxima confidencialidad de la actividad inspectora". Pero en julio pasado la Consellería les informó de que se volvía al sistema anterior, mediante el que se entrega a cada inspector un listado de visitas con fechas y horas preestablecidas con una semana de antelación, al que tienen acceso los altos cargos del departamento.

"Resulta curioso que de alguna filtración fuera acusada la propia Fabiola García, a la que, como a muchos otros cargos de libre designación o de personal de confianza, les llega con mucha antelación el programa de visitas de las inspecciones", asegura Asigg, que añade que de ese modo esas personas pueden "filtrar la fecha y la hora de la inspección y avisar a los centros", quer podrían así "'tapar' sólo durante la visita las irregularidades e ilegalidades en las que están incurriendo".

Visitas sin previa notificación

"No garantizar por parte de la Administración que todas las visitas de inspección se realicen sin previa notificación supone una falta de garantía jurídica interesada de la que la responsable última es la conselleira", subrayan los inspectores.

Según el portavoz del BNG, responsables de la Xunta están ahora llamando a los inspectores para presionarlos y amedrentarlos. "La Consellería no puede actuar como la Gestapo", asegura Luis Bará, sino, agrega, "atajar de una vez por todas la campaña de presión sobre los inspectores" e "investigar y depurar responsabilidades para garantizar que las inspecciones se hacen con garantías y sin filtraciones".

La portavoz de Política Social del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Marina Ortega, también ha registrado varias iniciativas reclamando al Gobierno de Alfonso Rueda una investigación sobre el caso y que destituya a la conselleira si de la misma se concluye que las acusaciones de los inspectores son ciertas.

Como estos aseguran, no es la primera vez que el departamento de García se enfrenta a una polémica similar. En noviembre de 2020, en plena emergencia sanitaria por la epidemia de covid, la asociación Tranbajadores de Residencias de Galicia (Trega) denunció que los chivatazos para alertar de las inspecciones en las residencias eran "una situación generalizada".