El nuevo ICO asume funciones propias de la banca pública

"Los bancos no dan créditos, hace falta una banca pública". El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha hartado de oír esta cantinela durante los dos últimos años y el Ministerio de Economía se ha puesto manos a la obra para acallar las críticas. El próximo año el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que depende del ministerio, podrá conceder créditos directos a las empresas que presenten proyectos de inversión dentro de los campos prioritarios que recoge la Economía Sostenible, como renovables, gestión de residuos, etc...

Junto con los créditos directos se pondrán en marcha a partir del 1 de enero otras tres líneas dentro del Fondo de Economía Sostenible, un macrofondo de 20.000 millones de euros aportados a partes iguales por las entidades privadas de crédito y las arcas del Estado.

La concesión de un crédito directo por parte del ICO implica que la entidad pública asume también el riesgo del préstamo al 100%, y no como en la mayoría de sus líneas, en las que lo comparte al 50% con los bancos con los que acuerda la financiación. Esta autonomía permitirá a la institución decidir por sí misma qué proyectos son viables y cuales no, así como las condiciones de financiación "las más ventajosas", según la vicepresidenta económica, Elena Salgado prescindiendo así de la criba de las entidades financieras privadas, una de los principales cuellos de botella que encuentran las pymes para acceder al crédito.

Economía dice que será tan exigente como los bancos del sector privado

"No vamos a ser menos exigentes que los bancos privados", recalcó Salgado en rueda de prensa. "Son fondos públicos y somos muy conscientes de la necesidad de que se utilicen bien", matizó la vicepresidenta. El ICO ya había acudido con anterioridad a financiar de forma directa operaciones pero siempre en grandes cantidades y con otro grupo de bancos, lo que en la jerga financiera se conoce como créditos sindicados. Según fuentes del ICO, excepcionalmente, a lo largo de su historia, también se ha concedido algún préstamo en un sector "estratégico", pero nunca se había instrumentado formalmente una línea abierta de acceso directo a los fondos públicos.

La otra diferencia de esta línea de créditos es que las empresas podrán presentar proyectos en un rango entre 10 y 100 millones de euros. Es decir, que empresas de tamaño mediano pueden recibir una línea de financiación pública sin pasar por la lupa de las entidades privadas.

El presidente del ICO, José María Ayala, aclaró que el ICO no tenía por qué acudir solo a estas operaciones que en principio son de cofinanciación, esto es, que otro banco puede aportar también un tramo del crédito en la operación, pero cada uno asume sus riesgos por separado. Economía no ha querido dotar de una cantidad específica a esta línea, que se repartirá 8.700 millones de euros junto con otro instrumento ligado a las pymes y los autónomos.

Los particulares y las micropymes pueden acceder a tipos más bajos

Precisamente en esta segunda línea se introduce otra novedad, la de que los particulares puedan también acceder a un crédito ICO, algo no previsto hasta ahora, siempre y cuando justifiquen el destino del préstamo con una obra de rehabilitación de vivienda. Esta línea del ICO que sí será de mediación (se vertebrará a través de las entidades financieras y se correrá al 50% con los riesgos), también tendrá como objeto proyectos de hasta 2 millones de euros para micropymes y autónomos y de hasta 50 años para pymes.

Además, los clientes más pequeños podrán recibir subvenciones de hasta un 0,35% del tipo interés que se fijará con el Euríbor a seis meses más un diferencial de 0,55 puntos. Los bancos no podrán tener un margen de intermediación superior al 2%.

Los otros dos instrumentos de financiación permitirán al ICO entrar en el capital de las empresas. Mediante un fondo de capital inversión y otro de capital riesgo, el ICO comprará acciones preferentes (que no dan derecho a gestión) en las empresas. Según el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, las empresas tienen por ahora una "capacidad limitada en el mercado para acceder a fondos propios". De esta forma, el Estado se convertirá en "socio capitalista" de "proyectos específicos con gestores específicos".

El fondo de capital inversión contará con 1.000 millones de euros y financiará infraestructuras por un máximo de 100 millones de euros. Por su parte, el fondo de capital riesgo estará ligado a proyectos de innovación de menor tamaño (hasta 15 millones de euros) a amortizar en 12 años y tendrá una dotación total de 300 millones de euros.