El Consejo de Ministros ha informado este viernes de que el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, renuncia a su cargo apenas un año después de su toma de posesión. Lo sustituirá en el cargo Francisco Martínez, hasta ahora jefe de Gabinete del ministro de Interior. Su nombramiento fue clave para darle a la nueva cúpula de este ministerio un marcado perfil jurídico. Fuentes cercanas al nombramiento, explicaron entonces a Europa Press que tanto el ministro como el presidente Rajoy 'buscaban para este puesto un perfil jurídico y una persona conocedora de las leyes'. Otras fuentes consultadas indicaron que se trata de una persona ligada al PP catalán y a la fundación FAES que preside el ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Ahora, será propuesto por el Gobierno para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, encargado del respeto a los Tratados de la UE. Entre sus trabajos al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad ha destacado el desarrollo del plan de retirada de escoltas mediante el cual se racionalizaron en gran número los servicios de protección personal, especialmente los que se prestaban en el País Vasco y Navarra. Esto permitió la recuperación de efectivos para labores de seguridad ciudadana.

A raíz de este proyecto, Ulloa mantuvo un enfrentamiento en los medios de comunicación con el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tras criticar en unas declaraciones a Europa Press el uso que el ex magistrado hacía de su escolta. Garzón, por medio de una carta publicada en El País le hizo responsable de su seguridad y le adviertió: 'Enhorabuena por facilitar el trabajo a quien quiera buscarme.'

Ulloa, ahora dimitido, mantuvo un enfrentamiento con Baltasar Garzón a cuenta de los escoltas del juez suspendido

Garzón tachaba de 'inaceptables y bochornosas' las declaraciones de Ulloa en las que, en referencia, al ex magistrado, señalaba que los escoltas 'no son para que te lleven la maleta ni para que vayan en transporte público'.

Otro de los proyectos en los que su Secretaría de Estado estaba trabajando es el plan anunciado por Interior de incorporar a vigilantes privados en el control del perímetro exterior de la prisiones. Desde el Ministerio se anunció la puesta en marcha de este plan durante el último trimestre del año pasado, sin embargo hasta ahora no se ha llevado a cabo.

Ulloa, jurista de profesión y de 45 años de edad, es magistrado de carrera y antes de asumir su cargo en Interior ejercía como letrado del Tribunal Constitucional y juez de primera instancia e instrucción de Sant Feliu de Guixols (Gerona). Ulloa trabajaba en su etapa anterior dentro del equipo de letrados que asistían al magistrado del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, a quien se le sitúa en el sector más conservador del Alto Tribunal.

El secretario de Estado es el cargo al que reportan directamente los dos directores generales en una Secretaría de Estado a la que los conservadores pretenden reforzar para que desempeñe un papel clave en el día a día del Ministerio, centralizando los datos de todos los cuerpos que operan en España en materia de terrorismo y crimen organizado.