Obama insiste en que el plan de estímulo es "urgente e imprescindible

El presidente de EE.UU., Barack Obama, reiteró hoy su llamamiento al Congreso para aprobar lo antes posible el plan de estímulo económico, que consideró "urgente e imprescindible".

Obama, quien desarrolla una intensa campaña para promover el plan, dotado con 838.000 millones de dólares, visitó hoy unas obras en la localidad de Springfield, en Virginia, acompañado del gobernador de ese estado, Tim Kaine.

En una breve alocución, el presidente estadounidense, quien asegura que la medida permitirá crear o salvar entre tres y cuatro millones de puestos de trabajo en todo el país, expresó que tan sólo en Virginia se podrían conservar o crear cerca de 100.000 empleos.

El plan, que recibió el lunes el visto bueno del Senado, debe ahora someterse a un proceso para consensuarlo con la versión correspondiente de la Cámara de Representantes. Obama aspira a que el proyecto de ley esté listo para su firma antes del lunes próximo.

Aproximadamente medio billón de dólares del proyecto se destinará a proyectos de infraestructura, energía y educación, entre otros sectores.

La minoría republicana critica muchos de estos gastos, al considerar que harán poco por crear empleo y sólo servirán para aumentar el déficit presupuestario.

Obama defendió la necesidad de invertir en infraestructuras al recordar la ruptura de los diques en Nueva Orléans al paso del huracán "Katrina" en 2005 o el hundimiento de un puente en una autopista de Minneapolis en plena hora punta en 2007.

El presidente estadounidense también defendió que el plan de estímulo creará trabajos al asegurar que el director ejecutivo de la empresa de vehículos industriales Caterpillar, que recientemente anunció el recorte de miles de empleos, le ha indicado que cancelará parte de esas reducciones si sale adelante la medida.

Los demócratas y los republicanos en las dos Cámaras del Congreso han comenzado hoy el proceso de consenso para aprobar la ley definitiva.

Algunos legisladores demócratas y republicanos han indicado que quieren que la versión definitiva tenga un coste más reducido de los 838.000 millones de dólares aprobados en el Senado o los 819.000 de la versión de la Cámara de Representantes.