La empresa estadounidense Odyssey ha pedido a un tribunal de Florida que rechace el informe de Estados Unidos en defensa de los intereses de España, que reclama un tesoro valorado en más de 500 millones de dólares rescatado en el Atlántico en mayo de 2007.

En el documento de diez páginas al que tuvo acceso Efe, la compañía solicitó el pasado miércoles al tribunal de Tampa que, en el caso de que sea aceptada la moción del Departamento de Justicia de EEUU favorable a España, se permita a Odyssey Marine Exploration Inc. responder a este informe en 30 días.

El Gobierno estadounidense se presentó el pasado 27 de agosto como "amicus curiae" en el procedimiento civil que enfrenta a Odyssey con el Estado español por la propiedad de un tesoro de más de 17 toneladas que la empresa rescató del fondo del Atlántico.

En el informe, y con el fin de defender los intereses de España en este caso, EEUU invocó el tratado de Amistad y Relaciones Generales de 1902, que permanece vigente.

La moción de EEUU se presentó en el mismo tribunal de Tampa donde se estudia el caso, cuatro días antes de que el Gobierno español respondiese, el pasado 1 de septiembre, a las objeciones de Odyssey, que se opone a la recomendación de un juez para entregar a España el tesoro de 594.000 monedas de plata y oro.

En el último documento de Odyssey, la empresa de exploración submarina señala que el "foco apropiado del tribunal" debe dirigirse hacia la "jurisdicción establecida" por la ley estadounidense sobre este tipo de casos.

En ese sentido, apuntó que la jurisdicción de este país no debe verse condicionada por el Ejecutivo, que aboga por que se resuelva este asunto de la misma manera que los tribunales españoles resolverían un caso en que estuviera involucrado un buque estadounidense.

Si el Ejecutivo está descontento con el estado de la ley de EEUU en cuanto a la jurisdicción en este tipo de casos, precisó Odyssey, "mejor que terciar en éste debería pedir un cambio de legislación".

La moción del Departamento de Justicia señala que con el apoyo a España, "EEUU busca asegurar que sus propios barcos de guerra hundidos y tripulación perdida sean tratados como barcos soberanos y tumbas honradas", que "no están sujetos a exploraciones y explotaciones sin autorización".

El abogado del Estado español en este caso, James Goold, considero que la presentación del Gobierno de EEUU fue "muy fuerte y extensa" en defensa de los intereses de España respecto del tesoro, que procede del buque de guerra español Nuestra Señora de las Mercedes, sujeto al principio de inmunidad soberana.

La documentación presentada por EEUU demuestra que el Gobierno estadounidense tiene "gran interés" en que se preserven los principios internacionales y se respalde la decisión del juez encargado del caso, Mark Pizzo, "que es la correcta".

Según Odyssey, uno de los puntos clave que el juez Pizzo no tuvo en cuenta al dar la razón a España es la "prueba convincente y clara de la naturaleza comercial" del buque "La Mercedes" en el momento de su desaparición en 1804, "lo que anula legalmente el principio de inmunidad soberana".

Para la empresa, resulta esencial la naturaleza comercial de la misión en que estaba comprometido el barco, que transportaba las monedas rumbo a Cádiz y fue hundido el 5 de octubre de 1804 frente al Algarve (Portugal) por barcos ingleses.

Además de la moción de apoyo a España del Departamento de Justicia constan en el tribunal otros informes favorables de agencias gubernamentales y un arqueólogo.

Por su parte, en una carta dirigida el pasado agosto a la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, y al secretario de Justicia, Eric Holder, cuatro legisladores instan al Departamento de Justicia a "evitar tomar ninguna posición en el litigio y permitir que el proceso judicial determine por sí mismo".

"Respetuosamente pedimos al Departamento de Justicia y del Estado que se abstengan de interceder en esta disputa legal al lado de España", señalaron Gus M. Bilirakis, Lincoln Díaz-Balart, Connie Mack y Vern Buchanan, los cuatro miembros del Congreso.