El proyecto que habilita la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans ingresó hoy al Senado argentino tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, y el oficialismo confía en que será convertido en ley el 17 de este mes.

"El Senado va a seguir la misma línea que se siguió en Diputados", donde la iniciativa fue aprobada este miércoles con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, consideró el senador Fabián Ríos, del gobernante Frente para la Victoria.

El oficialismo hizo pesar su mayoría en la cámara baja para lograr el visto bueno al proyecto que propone declarar a Aerolíneas y su subsidiaria para vuelos domésticos Austral como empresas de "utilidad pública y sujetas a expropiación".

La declaración también alcanza al resto de las compañías controladas por Aerolíneas: Optar (operador de turismo), Jet Paq (carga) y Aerohandling (servicios de rampa).

De la expropiación quedarán exceptuadas las participaciones accionariales minoritarias en Aerolíneas del Estado argentino (5 por ciento) y de los casi 9.000 trabajadores de la firma a través del Programa de Propiedad Participada (0,59 por ciento).

En el Senado el oficialismo cuenta con mayoría propia, aspira a debatir el proyecto el 17 de diciembre y la bancada del Frente para la Victoria se reunirá el próximo martes para analizar esta cuestión, indicó Ríos.

En declaraciones a la agencia estatal Télam, el legislador dijo que "se trató de evitar hasta lo último la posibilidad de la expropiación" de Aerolíneas, pero advirtió que es "terriblemente grande" la diferencia entre la valuación de la compañía que hicieron el Estado argentino y Marsans.

Según el proyecto de ley, el Estado deberá pagar una indemnización "dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación", organismo que ya determinó que Aerolíneas tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que debería desembolsar un "valor simbólico" de un peso argentino.

Para Marsans, dueño del 94,41 por ciento de Aerolíneas, la firma vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

El oficialismo introdujo en el proyecto original un artículo que aclara que el Estado sólo se hará cargo de las "deudas legítimas", que deberán ser identificadas y diferenciadas de las "ilegítimas" generadas por operaciones dolosas o mala gestión de Marsans.

Una vez que la iniciativa se convierta en ley, el Estado argentino, por medio del organismo que designe, ejercerá "todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren" para "garantizar la continuidad y seguridad del servicio", señala la iniciativa.

Apunta, además, que el Estado deberá encargarse del mantenimiento de las fuentes laborales y del resguardo de los bienes de las empresas y presentar en seis meses un plan de negocios para las compañías, intervenidas judicialmente desde el 21 de noviembre pasado.

La Ley de Expropiaciones de Argentina, aprobada en 1977, establece que el objeto de expropiación debe ser antes declarado de "utilidad pública" y que por él debe pagarse una indemnización que "solo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación".

El Gobierno argentino y Marsans firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.