En el combate contra la corrupción existen todavía muchas 'grietas, zonas grises y lagunas' que permiten prácticas fraudulentas y hacen muy difícil su detección por las instituciones de control existentes. Sobre esta premisa, el Parlament catalán aprobó ayer la creación de un nuevo instrumento de vigilancia, la Oficina Antifraude, que nace de entrada con un pesada losa: casi toda la oposición (CiU y PP) votó en contra porque consideran que será 'inútil'.

El encargado de defender la propuesta con ahínco fue el conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, de ERC, que salió al paso del escepticismo de la oposición. ' No se está engordando la administración, si la Oficina Antifraude hace bien su trabajo contribuirá a lo contrario, a muscular la adminitración y a limitar, si me permiten, el colesterol'.

La Oficina Antifraude será un órgano autónomo, adscrito al Parlament, y que tendrá un director elegido por tres quintos de la cámara, un requisito que hace imprescindible el concurso de CiU. Ese es el principal escollo que los partidos deben ahora superar para poner en marcha la Oficina. Según fuentes próximas a Ausàs, el conseller confía en llegar a un acuerdo parlamentario antes de final de año sobre la persona que ocupará el cargo.

Recursos necesarios

En la conselleria de Governació están convencidos que la Oficina no tendrá un problema de medios, ya que la ley lleva una memoria económica incorporada. Su director podrá actuar de oficio ante cualquier sospecha de conducta fraudulenta, pero también actuará a instancias de ciudadanos y, especialmente, trabajadores públicos. Éstos tendrán asegurada la confidencialidad para evitar represalias. Su ámbito de actuación será la administración autonómica, la local y universidades y empresas públicas.

Cuatro años de trámite

La creación de la Oficina Antifraude coleaba desde el primer tripartito. Entonces provocó tensiones entre ERC y el PSC, ya que los socialistas desconfiaban de un órgano dependiente del Govern con capacidad de fiscalizar a los ayuntamientos.

Según Ausàs, se trata de una iniciativa 'pionera en toda Europa' y aspira a ser 'un ejemplo institucional'. En el ránking de la ONG Transparencia Internacional, España ha bajado del puesto 25 al 28. O sea, que trabajo no le va a faltar. D