Cuando un ministro agacha la cerviz y solícito rinde cuentas ante un comisario europeo de lo que va a aprobar el Gobierno de su país, está humillando a ese gobierno y a sus ciudadanos. Así se comportó el jueves el responsable de Lehman Brothers en la Península Ibérica hasta su quiebra, hoy reconvertido en ministro de España. 'Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral, vas a ver que será extremadamente agresiva'. Nos quedaremos sin saber cuánto de bochorno había en la contestación del titular de asuntos económicos de la Comisión Europea: 'Eso sería fantástico. Ok, ok'.

Cuando una ministra, que dice valorar el dialogo social, comunica por teléfono (minutos antes de comenzar el Consejo de Ministros) el contenido de esta reforma, no solo desprecia el derecho de información y consulta que asiste a los sindicatos, también los está intentando humillar y, con ellos, a los trabajadores que representan.

Desconfían de la responsabilidad de los trabajadores y sus sindicatos

Dos actitudes: una diligente, la otra displicente. Mucho nos tememos que sean el haz y el envés de este gobierno. Debería añadirse una tercera: una actitud laxa ante la verdad. Si se afirma, como se ha hecho en la comparecencia tras el Consejo de Ministros, que 'se respetaran los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de indemnización de 45 días por año', no se está diciendo la verdad.

La primera entidad financiera de nuestro país tuvo, de enero a septiembre de 2011, un beneficio atribuido de 5.303 millones de euros, que supuso un descenso del 13%. Ha sido una disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, como establece la reforma. ¿Considera el Gobierno que es justo social y económicamente que se haga uso de las facultades discrecionales que ha otorgado al empresario?

El Gobierno, con esta reforma laboral, no sólo se desdice de lo que afirmaba hace pocos meses en la oposición: 'Lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino la contratación'. Lo peor es que parece estar actuando bajo el efecto de un doble síndrome: el de considerarse una administración intervenida de hecho y, otro más preocupante, el que le lleva a desconfiar de la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores y sus sindicatos.

Si el presidente del Gobierno reconoce que, pese a hacer una política como Dios manda, el paro aumentará en 2012 y previsiblemente en 2013, ¿puede explicarnos en qué va a contribuir esta urgente reforma a evitar la destrucción de más puestos de trabajo? ¿Cómo facilitando y abaratando el despido lograremos crearlos?

Llamamos a la responsabilidad. A la sensatez del Gobierno y de los empresarios. Su obligación es dar seguridad a los trabajadores ante la crisis. Despidiendo más barato a los padres y contratando en precario a los hijos, sólo ahondarán en el temor y la frustración de nuestra sociedad.