Once comunidades pendientes de reformar en esta legislatura sus estatutos de autonomía

Once comunidades tienen pendientes esta legislatura la reforma de sus estatutos de autonomía, un proceso que en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias se retomará tras no haber sido posible la aprobación en las Cortes, en tanto que en el País Vasco la reforma del Estatuto de Gernika permanece enquistada.

Mientras que Extremadura, Murcia, La Rioja, Galicia, Asturias y Navarra han mostrado su interés por lograr que sus parlamentos regionales consensúen un texto estatutario a lo largo de la IX legislatura, los presidentes autonómicos de Cantabria y la Comunidad de Madrid han considerado que este asunto no es prioritario.

El Gobierno de Castilla-La Mancha es optimista acerca de la aprobación de la reforma de su Estatuto este año, al no haber podido ser aprobado su tramitación antes de la disolución de las Cortes.

Sin embargo, el Ejecutivo regional es consciente de las dificultades que entraña el hecho de que el texto fije en una disposición adicional el final del trasvase Tajo-Segura en el 2015.

En el caso de Canarias, el Estatuto de Autonomía no pasó el trámite del Congreso y fue devuelto al Parlamento canario, por lo que el presidente Paulino Rivero (CC) se comprometió a presentar un nuevo texto que recoja "aspectos singulares" de las islas y que tenga el consenso de PP y PSOE.

El País Vasco, el primero que presentó su propuesta de reforma autonómica con el Plan Ibarretxe, rechazado en las Cortes, se encuentra pendiente de la consulta, el próximo mes de octubre, sobre el futuro de esta comunidad y la negativa del Gobierno a aceptar propuestas que no sean acordes con la Constitución y el consenso.

El pasado mes de febrero Extremadura ha celebrado los 25 años de su Estatuto con la mirada puesta en la futura reforma del mismo y con la propuesta estatutaria del grupo de expertos en la Asamblea regional.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado convencido de que en noviembre el texto se remitirá a las Cortes, para ser aprobado definitivamente en el 2009.

Por su parte, Murcia no tiene prisa por la reforma estatutaria, y en alguna ocasión su presidente, Ramón Luis Valcárcel, ha llegado a decir que el Estatuto lo plantearán los murcianos, no Ferraz ni Génova.

Tampoco es un asunto prioritario para el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha dicho que "este trabajo se debe afrontar con calma" y considera que cuántas más reformas se aprueben mejor para poder "coger propuestas de otras comunidades que hayan superado el trámite legal".

En este mismo sentido, se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que "no entrará en una carrera desenfrenada por despojar de competencias al Gobierno".

En Galicia, la reforma del Estatuto, que en esta legislatura no ha conseguido el acuerdo entre el PSOE y el PP, se demorará hasta el 2009 según ha dicho el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana.

También en Asturias la falta de acuerdo entre PSOE y PP han imposibilitado la puesta en marcha del Estatuto, por lo que esperan superar los escollos y poner en marcha las primeras propuestas a lo largo de la legislatura recién estrenada.

Complicada es también la reforma del Amejoramiento del Fuero de Navarra, sobre todo después de que la Ponencia de Autogobierno encargada de estudiar la posibilidad de reforma del mismo decidiera en junio de 2006 no volver a reunirse en lo que quedaba de legislatura, al mostrar opiniones diversas UPN, PSN y los nacionalistas.

En La Rioja, el presidente Pedro Sanz se ha mostrado partidario de impulsar la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía y ha considerado que sería "un error" que se incluyera en el texto el sistema de financiación autonómica.

En cualquier caso, Sanz es partidario de esperar a conocer el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los estatutos aragonés y catalán, recurridos por el tema del agua, antes de aprobar su propia reforma en el Parlamento autonómico.

Por tanto, a lo largo de esta IX legislatura, once autonomías deberán trabajar en sus respectivas reformas estatutarias para lograr el impulso autonómico del que ya se han beneficiado Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.