Este artículo se publicó hace 17 años.
Once detenidos en una operación contra el tráfico de mujeres nigerianas
Nueve nigerianos y dos ghaneses que formaban parte de una organización delictiva, asentada en Holanda y dedicada a la introducción en Europa de mujeres nigerianas, algunas menores de edad, han sido detenidos en Sevilla, en Madrid y en las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz por agentes de la Policía Nacional.
Los detenidos formaban parte de la infraestructura en España de la organización que cobraba a sus jóvenes compatriotas una cantidad próxima a los cuarenta y cinco mil dólares por el traslado a Europa, cantidad que debían hacer efectiva ejerciendo la prostitución, informó la Dirección Nacional de Policía y Guardia Civil.
Los beneficios obtenidos por las actividades ilícitas de la red, que operaba en Europa desde hace dos años, se estiman en 4.140.000 euros.
La operación "Tulipán" se ha realizado conjuntamente por las policías de Holanda, España, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Nigeria y Alemania y en ella se han practicado hasta la fecha treinta y dos detenciones.
Las jóvenes viajaban desde su país de origen hasta al aeropuerto de Schiphol (Amsterdam) en posesión de pasaportes holandeses falsificados y a su llegada solicitaban asilo. Al tratarse en muchos casos de menores, las autoridades holandesas determinaban su ingreso en instituciones públicas de protección hasta que su petición fuese resuelta.
A los pocos días desaparecían del establecimiento de acogida y los miembros de la red las distribuían por varios países de la Unión Europea, donde las obligaban a ejercer la prostitución.
Ante las sospechas de que las solicitantes de asilo pudieran ser víctimas de alguna red de inmigración clandestina y tráfico de personas, la policía holandesa realizó unas primeras investigaciones que confirmaron las sospechas y determinaron que las jóvenes eran repartidas por varios países de la Unión Europea, entre ellos España.
Las investigaciones desarrolladas en nuestro país por la UCRIF-Central, determinaron que una de las responsables de la organización, residente en Holanda, realizaba constantes viajes a España y utilizaba como centro de operaciones un domicilio situado en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Otras tres viviendas se localizaron en el mismo término municipal y en Madrid capital.
Paralelamente, la Brigada de Extranjería de Sevilla localizó a una pareja que viajaba frecuentemente a Holanda, en donde captaban a nigerianos en situación irregular, a los que ofrecían, previo pago de unos siete mil euros, la posibilidad de obtener en España autorización de residente comunitario.
Los permisos los conseguían concertando matrimonios de conveniencia con españoles u otros ciudadanos comunitarios, a los que seleccionaban en los estratos sociales más desfavorecidos o bien entre personas de origen africano nacionalizadas en países de la Unión. Pagaban entre mil y tres mil euros por cada enlace matrimonial.
Los matrimonios se celebraban por el rito católico para evitar preceptiva entrevista a los contrayentes realizada por los responsables de los Registros Civiles. Presentaban partidas de bautismo, cursillos prematrimoniales, actas de soltería y otros debidamente alterados u obtenidos ilegítimamente, para poder formalizar las bodas.
Para la realización de los trámites contaban con la colaboración de Francis K. D., residente en Torrejón de Ardoz, quien les facilitaba los certificados que acreditaban que el interesado carecía de antecedentes penales en Nigeria, los certificados de inscripción y la legalización de diferentes documentos.
El máximo responsable de la red en España era el nigeriano Doris A., de 35 años, residente en Holanda, domiciliado provisionalmente en España en la localidad de Fuenlabrada.
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