El goteo racista que cae en España desde hace 15 años ya ha calado. Nadie lo reconoce. Nadie quiere la etiqueta de racista. Pero ENAR, la coordinadora española de la Red Europea contra el Racismo, dio ayer un tirón de orejas al Gobierno y al Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia por inoperante con la presentación de un informe donde asegura que los españoles son cada año más racistas.

El presidente de la asociación, Javier Carneros, denunció que la acción del Ejecutivo contra el racismo es “deficiente”, “no prioritaria” y que ocupa uno de los últimos lugares en su agenda política, pese a que el problema sigue creciendo en el país. Según la última Encuesta Nacional sobre Racismo y Xenofobia del Observatorio que estudia este asunto desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el 62% de los ciudadanos cree que los inmigrantes que acoge España son excesivos y tan sólo el 53% aceptaría alquilarles un piso. Además, un 15% de los encuestados no aceptaría de buen grado que su hija o hijo se casara con un inmigrante.

Aunque España no registra tantas agresiones físicas como otras naciones con mayor tradición migratoria como Holanda o Alemania, ha proliferado “un racismo de baja intensidad que el amenaza con minar la convivencia dentro de unos años”, aseguró el portavoz de SOS Racismo, Diego Lorente.

Los principales campos en los que se percibe esta discriminación son el acceso a la vivienda y al empleo. “Cada vez resulta más frecuente que a un inmigrante le cuelguen el teléfono o le digan que la plaza ya está cubierta cuando llega a una entrevista de trabajo”, explica Carneros.

El tercer ámbito con más incidentes racistas es el de los cuidados sanitarios. Pero en este caso la discriminación no llega por parte de los profesionales sino de los usuarios, que en ocasiones llegan a considerar prioritaria su nacionalidad española, según el informe de las asociaciones.

SOS Racismo ha detectado 270 incidentes racistas de mayor o menor gravedad en lo que va de año. Uno de los problemas que destacan las ONG —y ratifica en el Gobierno— es que, en la mayoría de casos, los delitos de odio que llegan a la agresión no son identificados como tales por los agentes de policía sino como simples agresiones con resultado de lesiones.
En este sentido, el Observatorio ha creado una guía con varios expertos y profesores universitarios para entrenar a los futuros policías en la detección del delito causado por racismo.

“Se trata de cambiar la percepción de estas actitudes en la sociedad y en la policía, del mismo modo que hubo que cambiarlas respecto a los malos tratos con la mujer”, aseguran fuentes del Ministerio.

Otra de las críticas más destacadas del informe es la falta de datos que aporta España sobre incidentes y agresiones racistas. Sólo diez de los 27 miembros que forman la UE recogen estos datos en sus estadísticas oficiales.

La agravante de racismo apreciada por un juez es la única manera de registrar las agresiones, “pero no se suele aplicar porque es muy difícil de probar y los letrados son reacios a hacer uso de ella”, critica Carneros.