La manera en que la crisis está golpeando a España no tiene nada que ver a cómo está incidiendo en los países pobres. En África, la recesión está provocando que la gente muera de hambre, que los niños no vayan a la escuela porque no tienen con qué escribir, alertan las principales ONG con sede en España: Unicef,Intermón, Acción contra el Hambre o Cáritas. Y también es el mensaje con el que, desde el comienzo de la recesión, está machacando la organización que las aglutina a todas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde).

Por eso, la sorpresa y la indignación entre estas organizaciones ha sido mayúscula al conocer el recorte de 800 millones de euros (300 en 2011 y 500 en 2012) que hará el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dentro del ajuste general por la crisis, en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La AOD es el dinero que las administraciones públicas (Estado, Comunidades y Ayuntamientos) dedican a Cooperación Internacional: 5.264 millones de euros en total están presupuestados para 2010. Esos 800 millones de euros supondrían un 15,1% de ese montante. No computan como AOD las donaciones voluntarias de los ciudadanos a las ONG.

El ajuste pospone hasta 2015 la promesa de llegar al 0, 7% de la RNB

"Esto no es una cuestión de pobres contra pobres. Estamos todos del mismo lado, no se puede plantear como si fuera lo que le quito a los más necesitados de África se lo doy a los jubilados de España", critica con firmeza Eduardo Sánchez, portavoz de la Congde y miembro de Ingenieros sin Fronteras. Una opinión que comparte Paloma Escudero, directora ejecutiva de Unicef en España: "El debate no puede ser pobres contra pensionistas. Los que más sufren la crisis son las personas más vulnerables". Escudero recuerda que cualquier recorte en ayuda supone "incumplir con los compromisos electorales que se consensuaron entre todos los partidos en el Pacto de la Pobreza [firmado en diciembre de 2007]. No se puede perder ese espíritu de consenso".

El enfado ha sido mucho mayor porque en un primer momento el Gobierno había anunciado el tijeretazo en 600 millones de euros y en el último Consejo de Ministros el recorte aumentó en otros 200 millones de euros. Algo inexplicable para las organizaciones que trabajan en los países pobres, porque desde la llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero la AOD había sido una de las áreas mimadas por Moncloa.

Si en el año 2004 el porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB) dedicado a desarrollo era de un 0, 23%; en 2009 ese porcentaje ya había subido hasta un 0, 47% . Mientras, durante 2002 y 2003 con el PP en el Gobierno, la ayuda a los países pobres disminuyó en 170 millones de euros.

Unicef: "El debate no puede ser pobres contra pensionistas"

Además, el recorte ha supuesto posponer hasta 2015 (tres años más de lo previsto inicialmente) la promesa estrella del Gobierno en cuanto a cooperación: el llegar en algún momento hasta el 0,7% de la RNB.

"Nuestra sorpresa se ha transformado en indignación tras enterarnos de que habrá un recorte adicional de otros 200 millones de euros. Esto sitúa el tajo total en 800 millones, y nos deja con una sensación de improvisación, acompañada del mensaje aparente de que se puede recortar la ayuda al desarrollo sin costes y sin límites", critica Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam. Este organismo ha puesto rostro a lo que suponen 200 millones de euros en cooperación internacional: el sueldo anual de 100.000 matronas en África (en el continente cada matrona salva la vida de 219 mujeres al año), el tratamiento para el sidapara medio millón de enfermos durante un año y cien millones de vacunas contra elsarampión.

Desde la Coordinadora de ONG, su presidente exige que no se toquen partidas esenciales dirigidas a "programas de educación, salud reproductiva, saneamiento de agua, igualdad de género o alimentación". Y por zonas: "Haití es una prioridad, al igual que el África subsahariana".

Las ONG reclaman que se revisen los créditos que concede Industria

Haití y la reconstrucción

La secretaria de Estado deCooperación, Soraya Rodríguez, afirma con rotundidad que el recorte no va a afectar a ninguna partida presupuestaria dirigida a proyectos importantes. "El dinero destinado a Haití, a sus planes de reconstrucción tras el seísmo, no se va a ver afectado, tampoco a los países más empobrecidos, ni la ayuda de emergencia ni los acuerdos bilaterales. El recorte lo haremos de las aportaciones a los organismos multilaterales, que en los últimos años hemos crecido mucho", afirma Rodríguez en declaraciones a este diario.

Los organismos multilaterales son, mayoritariamente, las agencias que dependen de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos o Unicef, en principio intocables, y otras más secundarias, donde se haría la revisión, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) o la Unión Postal Universal. Rodríguez asegura que el compromiso del Gobierno con la ayuda al desarrollo sigue siendo "muy firme" y que cuando el país salga de la crisis, la Ayuda Oficial al Desarrollo "volverá a crecer".

Soraya Rodríguez: "Cuando pase la crisis, la ayuda volverá a crecer"

El mensaje unánime que lanzan las ONG es que el tajo es totalmente inadmisible. Olivier Longué, presidente de Acción contra el Hambre en España, alerta de que este año se ha superado por primera vez la cifra de "mil millones de personas en el mundo que pasan hambre". "Aquí tenemos capacidad para apretarnos el cinturón, en África no",señala Longué.

Pero puestos a hacer el ajuste, las ONG exigen al Ejecutivo que aproveche para revisar las contribuciones a las instituciones financieras internacionales (a través del Ministerio de Economía) o los polémicos créditos al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) del Ministerio de Industria (ver gráfico). Estos créditos, presupuestados este año en más de 230 millones de euros, son "relaciones comerciales encubiertas", denuncian las ONG, y se concretan en préstamos para favorecer los proyectos de las empresas españolas en el extranjero. Al ser créditos y ser teóricamente reembolsables no se consideran déficit y, por tanto, no servirían para computar en el ajuste estatal. "Hay que aprovechar el momento para replantearnos a dónde va la Ayuda Oficial al Desarrollo", apunta Verónica Hernández, responsable de Financiación para el Desarrollo de Intermón. "No es que esa ayuda sobre pero si ese dinero hay que recortarlo, tiene que ser de los instrumentos que son de menor eficacia de la ayuda, los que menos cambios consiguen en las personas", agrega.

Otro temor que tienen las organizaciones es que esos 800 millones de euros al final se vean aumentados, porque las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, a los que el Ejecutivo ha pedido un esfuerzo presupuestario, también recorten de esas partidas. Que, al final, se produzca un efecto de bola de nieve. Como dice Olivier Longué, presidente de Acción contra el Hambre: "Si el Gobierno no da ejemplo con su actitud, está mandando una señal muy mala".

Intermón: "Tiene que haber gente cualificada"

Profesionalización. Asistentes en la AECID

"Esperemos que los recortes no afecten tampoco a la profesionalización de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID)", señala desde Intermón, Verónica Hernández, una de sus portavoces. Hernández considera que al frente de la ejecución de los presupuestos tiene que haber "personas que sepan bien cómo gastar el dinero" y critica el reciente desalojo en la Aecid de 80 asistentes técnicos, especialistas en su área, que trabajaban como autónomos y que ahora realizan su trabajo desde casa. La secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, desmiente rotundamente que el desalojo de estos asistentes se haya debido a los recortes presupuestarios. "Es un problema de legalidad, en ningún caso de dinero. Se ha producido una lectura confusa e interesada de su situación", advierte. Rodríguez afirma además que el personal de la AECID con un puesto fijo es perfectamente profesional y está muy capacitado.

Expertos. Idiomas y movilidad

Por su parte, estos asistentes técnicos desalojados inciden en un comunicado en que son "expertos con experiencia de años trabajados en países de desarrollo" y que los puestos que cubren requieren "en muchos casos formación especializada, fluidez en idiomas y disponibilidad horaria y de movilidad geográfica". Los afectados afirman que nunca han querido una "funcionarización" de sus puestos de trabajo sino "una relación laboral digna".