Este artículo se publicó hace 16 años.
La ONU reconoce una mejora de los derechos humanos en Irak pero alerta sobre temas pendientes
El respeto por los derechos humanos en Irak ha mejorado, según un informe de la misión de la ONU en el país, pero queda todavía mucho por hacer en la situación de los detenidos, la violencia contra la mujer y la protección de las minorías.
El informe, de 36 páginas, es el número 12 de la representación de la ONU (UNAMI) y recoge el periodo de julio a diciembre del año pasado, justo cuando empezaron a sentirse los efectos del "plan de seguridad" aplicado por la fuerza multinacional en colaboración con el ejército y la policía iraquíes.
"Los últimos tres meses de 2007 se han caracterizado por un marcado descenso de los ataques violentos", reconoce el informe en su primera frase, pero añade que, si bien los progresos son palpables en Bagdad y otras provincias, las cosas no dejan de empeorar en las provincias de Mosul (norte) y Diyala (este).
El primer culpable de la situación son los grupos armados: "Los grupos suníes y chiíes toman como blanco deliberado a los civiles mediante atentados suicidas, coches bomba y otros ataques (...), lo que equivale a crímenes contra la humanidad", señala, y añade a estos crímenes otros menos llamativos como las amenazas, las intimidaciones o los secuestros para conseguir un rescate.
Estas acciones han hecho que actualmente 4,4 millones de iraquíes se hayan visto desplazados de sus hogares -según el cálculo de la agencia de la ONU para los refugiados que cita el informe-: 1,9 millones están exiliados y los 2,5 millones restantes son refugiados dentro de su propio país.
Uno de los casos de mayor preocupación es la situación de la abundante población reclusa, ya sea en cárceles del estado o del gobierno kurdo, en comisarías de policía o en centros de detención gestionados directamente por el ejército estadounidense.
En todos estos casos se repiten los mismos abusos: prolongado tiempo de detención sin juicio -a veces hasta un año-, difícil acceso de los abogados de defensa y de organizaciones humanitarias a los detenidos, casos sospechosos de tortura que no se investigan y exagerado número de reclusos menores de edad.
Las fuerzas multinacionales lideradas por EEUU son criticadas además por sus ataques indiscriminados que han resultado en la muerte de al menos 160 civiles entre julio y diciembre, muertes que los atacantes justifican por el hecho de que los insurgentes se escondan deliberadamente entre la población civil poniéndola en riesgo.
Igualmente peligrosa resulta la acción de las compañías privadas de seguridad -los llamados "contratistas", como Blackwater y similares-, envueltas en no menos de cinco ataques injustificados contra civiles en ese semestre. Lo más grave es que esos ataques han quedado impunes y su investigación perdida en meandros burocráticos.
El caso de las mujeres es especialmente preocupante: no solo es víctima frecuente de todo ataque deliberado o accidental contra la población civil, sino que cada vez hay mayor constancia de los llamados "crímenes de honor", en los que la mujer es castigada por haber "ensuciado el honor de la familia".
Estos crímenes de honor se producen de norte a sur del país, con especial incidencia en el pacífico Kurdistán. Los "delitos" de las mujeres castigadas pueden ser el adulterio, las relaciones pre matrimoniales o incluso la indecencia en el vestir, traducidos en la llamada "conducta no islámica".
Faltan cifras fiables sobre estos crímenes porque muchas veces no se denuncian por miedo al oprobio social, pero a título de ejemplo se registraron 14 "crímenes de honor" entre enero y julio de 2007 solo en la pequeña provincia de Suleimaniya (noreste).
El informe también sospecha que los numerosos casos de mujeres admitidas en los hospitales con quemaduras -249 casos en seis meses solo en el Hospital de Dohuk- tienen que ver con esta clase de castigos.
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