La opción del impago de la deuda helena

Para los economistas ortodoxos, si Grecia se declarara en suspensión de pagos llegaría algo parecido al apocalipsis. Los bancos UBS y Citi incluso han cuantificado la magnitud de la desgracia: calculan que en un solo día, el país sería entre el 40% y el 60% más pobre. Pero para los economistas críticos, algo muy parecido al apocalipsis es precisamente lo que ya está viviendo Grecia.

Madrid acogió ayer un encuentro internacional de académicos y activistas partidarios del impago, organizado por la red ¿Quién debe a Quién? y el Grupo de Trabajo de Economía de la Acampada Sol. El objetivo: difundir alternativas al "pensamiento único", que considera que todo sacrificio es poco con tal de evitar el impago. "Si no se paga la deuda, habría una pequeña catástrofe a corto plazo, pero el coste a medio plazo sería menor que seguir por la senda actual, suicida e imposible", asegura una de las ponentes, Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien añade: "Si la opción del impago no se ha materializado ya, es porque generaría un gran problema al capital financiero, que está en apuros pero tiene el poder".

La gran mayoría de los economistas críticos admite que dejar de pagar no sería ninguna panacea y que tendría efectos durísimos a corto plazo. El belga Eric Toussaint, uno de los mayores expertos en deuda, sostiene que la suspensión unilateral del pago requeriría necesariamente "medidas complementarias" para capear el temporal: control de capitales, congelación de los depósitos superiores a los 800.000 euros y garantía de indemnización al 100% de los pequeños tenedores de bonos, que según sus cálculos suelen equivaler apenas al 3% del total de acreedores.

Los expertos manejan entre sus propuestas otro instrumento, ya reclamado por los movimientos sociales en Grecia e Irlanda: elaborar una auditoría de la deuda. Es decir, obtener información detallada de quiénes son los acreedores y a qué destinó el Estado los ingresos procedentes de la emisión de bonos. Y a partir de esta información, separar la deuda "legítima", que el Gobierno se comprometería a devolver, de la "ilegítima", cuyo pago quedaría suspendido.