Un juez estadounidense ordenó el miércoles congelar activos en manos de los fondos privados de pensión de Argentina, reconociendo un fallo anterior por unos 554 millones de dólares ganado por tenedores de deuda incumplida del país sudamericano.

El magistrado Thomas Griesa del distrito de Manhattan concedió una petición de los demandantes para que bloquee las inversiones, que el Gobierno argentino procura pasar al Estado, al igual que todas las que administran los fondos de jubilaciones privados.

Griesa solicitó a representantes de Buenos Aires que respondan en la corte el 6 de noviembre.

El juez ordenó el congelamiento de activos en Estados Unidos "incluyendo, pero no restringiéndolo, de fondos en efectivo, depósitos, inmuebles, otros valores, acciones, derechos contractuales e intereses".

La decisión alcanza a 10 Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones de Argentina (AFJP) que al 15 de octubre tenían más de 4.900 millones de pesos (1.400 millones de dólares) invertidos fuera de la región en acciones, bonos y fondos comunes de inversión.

El montante exacto que las AFJP tienen en Estados Unidos no fue detallado por la central que las agrupa.

Las AFJP también administran más de 1.800 millones de pesos en países vecinos, principalmente en Brasil, que el Gobierno ordenó sean regresadas al país en forma urgente. Buenos Aires anticipó que todas las inversiones de los fondos privados de pensión que están en el exterior serán repatriadas en algún momento.

En un documento presentado ante la corte en Estados Unidos, el representante legal del tenedor de bonos Aurelius Capital Partners, Barry Ostrager, argumentó que si el Estado puede ordenar el regreso de la inversiones es porque ya tiene el control de las mismas.

Argentina enfrenta numerosas demandas judiciales como la de Aurelius desde que en 2005 realizara un canje unilateral de su gigantesca deuda, que no fue aceptado por todos los acreedores ya que implicaba grandes pérdidas.

DEBATE

El bloqueo legal en Estados Unidos llega en momentos en que en Argentina avanza el debate parlamentario sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno para transferir al Estado los cerca de 25.000 millones de dólares que tienen las AFJP.

El jueves, Sergio Chodos, gerente general de la Superintendencia que las regula dijo que los activos embargados por Griesa no pertenecen al Estado.

"Las AFJP estaban a cargo de esos intereses y son las que deben defender esos activos (...) Es un intento de los fondos buitres para tomar posesión de esos activos más allá de que le corresponda, o no", añadió en declaraciones a periodistas.

Los títulos accionariales, los bonos, y la moneda argentina se desplomaron la semana pasada tras conocerse la iniciativa oficial por preocupaciones ligadas a una merma de liquidez en los mercados, donde los fondos juegan un papel central.

Muchos analistas interpretaron la acción del Gobierno como una iniciativa para poder cumplir con las abultadas obligaciones financieras del país en 2009.

Los funcionarios de Estado encargados del tema sostienen que la decisión busca proteger los ahorros de la población a futuro y niegan que haya necesidades de dinero.