CCOO, UGT y otras organizaciones sociales han convocado movilizaciones, que culminarán con una manifestación en Madrid el 6 de septiembre, para protestar contra la reforma de la Constitución que limita el déficit, iniciativa a la que se ha sumado IU.

Los sindicatos y las organizaciones, reunidos esta mañana, han firmado un documento en el que han llamado a la ciudadanía a que también participe en las concentraciones y manifestaciones el 31 de agosto y el 1 de septiembre en distintas localidades españolas, coincidiendo con el proceso parlamentario.

La marcha prevista en Madrid comenzará a las 19:00 horas en la Plaza de la Cibeles y terminará en la Puerta del Sol.

En rueda de prensa, los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer, han pedido a los parlamentarios y senadores que no voten a favor de la reforma acordada entre el PSOE y el PP y que en el caso de que salga adelante se convoque un referéndum para su ratificación.

Los firmantes se han comprometido a apoyar la participación en cualquier otra movilización que se convoque en estos días contra la reforma y a favor de un referéndum, así como iniciativas de "diferente naturaleza", en particular la recogida electrónica de firmas.

IU se ha sumado a estas propuestas y apoyará las movilizaciones porque considera que la reforma es el "mayor atentado contra el estado de bienestar" en la historia de todas las políticas de ajuste económico realizadas en España.

Para las organizaciones sociales aplicar esta reforma no ayudará a reducir el déficit público, algo que, a su juicio, sólo puede lograrse promocionando el crecimiento económico y el empleo, aplicando una reforma fiscal equitativa y con rigor permanente del gasto.

Aunque no hablaron de huelga general, Górriz ha afirmado que quienes incumplen y llevan a un país al "fracaso" y a más paro "pillan números" para que se genere un conflicto social.

Todos los firmantes han pedido a los grupos políticos que tengan en cuenta el sentir de la sociedad a la hora de apoyar una medida de esta naturaleza que puede condicionar el presente y el futuro de España.

Para estas organizaciones este cambio impone "una grave limitación" a la autonomía de los gobiernos democráticos y a la capacidad de autogobierno de las diferentes administraciones públicas.

También han advertido de que la reforma introduce en la Constitución un factor económico "de carácter netamente procíclico" que puede llegar a impedir la acción de los gobiernos para que la economía española no entre en una recesión el futuro.

Además, han señalado que constituye una "amenaza permanente" para las prestaciones y las instituciones del estado de bienestar, las políticas sociales y la cooperación para el desarrollo.

En opinión de Górriz, la reforma es un "hecho grave" también en cuanto a la forma, ya que se ha decidido en pleno verano "con nocturnidad y alevosía" y se ha preguntado para qué sirve hacer elecciones si a la hora de decidir no se tiene en cuenta a los ciudadanos.

Por su parte, Ferrer ha hecho hincapié en la voluntad de los reunidos hoy para construir un movimiento unitario y amplio de respuesta y rechazo a una reforma "para satisfacer las demandas de los especuladores".

Ferrer ha criticado también que se haya "hurtado" la participación de los ciudadanos y ha dicho que es un paso más, "el más exagerado" de las políticas de recortes sociales y laborales del Gobierno.

A la reunión han asistido representantes de USO, de "Paz con dignidad", del Consejo de la Juventud en España, del sindicato de Estudiantes, Paz Ahora, Confederación Intersindical, Habitáfrica, la Coordinadora de ONG para el desarrollo (CONGDE), "Plataforma 2015 y +" y la Asamblea de Cooperación por la paz.

También de Socialismo 21, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) y la Comisión Promotora de las mesas ciudadanas para la Convergencia y la Acción.