Javier Almazán tenía 13 años en diciembre de 1976. Su hermano mayor, Ángel, murió tras una manifestación del Partido del Trabajo de España que se celebraba en Madrid. Han pasado 30 años, pero aún no ha conseguido olvidar. Por eso reclama una indemnización de 135.000 euros de las previstas en la Ley de Memoria Histórica. Cree que tiene pocas posibilidades de que prospere, porque no le consta que antes se haya planteado ninguna petición de este tipo por una muerte en una manifestación.

La demanda presentada en nombre de sus padres ante la comisión de evaluación del Ministerio de Economía y Hacienda explica que en los años posteriores a la muerte de Franco un 'significativo número de personas' que fallecieron 'como consecuencia de la brutal represión del régimen franquista en el curso de manifestaciones o protestas en defensa de los derechos y libertades democráticas más básicas' eran estudiantes. Almazán compaginaba sus estudios con un trabajo en una inmobiliaria.

El Real Decreto que desarrolla la Ley de Memoria Histórica exige una dependencia económica de los beneficiarios respecto de la persona fallecida. El escrito de la familia Almazán considera ese requisito 'contrario a la exposición de motivos de la Ley 52/2007', que pretende 'el reconocimiento de las personas que durante los decenios anteriores a la Constitución sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del régimen dictatorial que la sucedió y que se honre y recupere para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias (...) y desde luego, a quienes perdieron la vida'.

Javier Almazán y su amigo Saturnino Peña, que ese 15 diciembre de 1976 iba a ir con Ángel a la manifestación que pedía la abstención en el referéndum para la Ley de Reforma Política que se celebraba, llevan 30 años intentando que la Justicia declare que Ángel murió a causa de aquella protesta. Aquel día, el joven recibió el impacto de una pelota de goma policial y, pese a su estado, los agentes le dieron una paliza y le custodiaron los cinco días que agonizó en un hospital. La Justicia militar determinó que había muerto al golpearse contra una farola.

Hace diez años contactaron con el abogado Teodoro Mota con el que ya intentaron acogerse a la Ley de Víctimas del Terrorismo y acudir a la vía de lo Contencioso-Administrativo. Juntos preparan solicitar el reconocimiento moral que la ley también prevé, pero, como dice la demanda: 'No cabe en Derecho otra reparación que la económica'. Almazán teme que la gente crea que sólo quiere la indemnización. 'La quiero, pero como reconocimiento público de lo que le ocurrió a Ángel. No se puede concebir una cosa sin la otra', dice.