El Estado paga 7.000 millones por deshacerse de la CAM

La gran exigencia para pujar por la CAM es poseer músculo financiero. Sin ese requisito, el Banco de España no aceptará ningún candidato que quiera comprar la caja alicantina. En el sector financiero, ante la venta de una entidad que registró unas pérdidas de 1.136 millones de euros durante el primer semestre, la escala de valores es diferente. "Lo verdaderamente importante son las ganas. Hay varias entidades con capacidad financiera suficiente para plantearse su compra, pero hay pocas con verdaderas ganas e interés de hacerse con ella", sostienen en una entidad que ha desechado la opción ante las condiciones que se explicitan en el cuaderno de venta de la CAM.

El pliego consta de tres capítulos de los que no se puede vislumbrar el coste que le acarreará al comprador, pero sí puede calcularse el precio que tendrá que pagar el Estado por deshacerse de la CAM, que actualmente tiene intervenida: 7.000 millones de euros.

El comprador tendrá un seguro público de pérdidas de diez años

La cuenta suma los 2.800 millones de capital inyectados a través del FROB, y que pocas entidades interesadas están dispuestas a recomprar, junto a las pérdidas que asume el Estado en el Esquema de Protección de Activos (EPA) que ha introducido en la formulación de la oferta, una medida a la que se oponía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero que ha tenido que aceptar para evitar que la puja quedase desierta.

En el caso de la subasta de CCM, Cajastur recibió una EPA de 2.475 millones, mientras que la BBK dispone de 392 millones para sanear Cajasur. Sin embargo, a diferencia de estas dos ventas, el comprador de la CAM sabe de antemano que tendrá que cubrir una parte de las pérdidas. De hecho, de los primeros 2.500 millones de activos problemáticos, el Estado cubrirá el 80%. A partir de ahí, asumirá el 90% de todas las pérdidas que aparezcan. A pesar de que la caja alicantina ha aflorado gran parte de su morosidad, actualmente en el 19%, después de varias semanas de manejar las tripas de la entidad, el Banco de España estima que podrían aparecer nuevas pérdidas por valor de esos 2.500 millones, aseguran fuentes del mercado.

Por tanto, en total, el Estado asumirá a fondo perdido una cantidad que rondará los 4.200 millones, que podrían elevarse a 7.000 millones si ninguna entidad quiere pagar cuantía alguna por las acciones de la caja que están en posesión del FROB.

Las cajas vascas, interesadas en la puja, mantendrían la marca CAM

El EPA estará en vigor durante los próximos diez años, frente a los cinco años que se concedió en CCM y Cajasur. A ese tiempo se reduce el periodo máximo de la línea de liquidez de 2.800 millones que debe aportar la entidad interesada. Una línea que tendrá para las entidades un coste de euríbor más el spread (riesgo) que cada entidad tiene en el mercado interbancario. Esta inyección de dinero complementaría a los 3.000 millones de liquidez que sirvieron de oxígeno tras su nacionalización en julio.

La gran duda, que se convertirá a la postre en el factor que determinará la venta, será el precio que las entidades quieran pagar por las acciones del FROB. La mayoría del sector maneja un precio unitario para adquirir los 2.800 millones inyectados en ayudas públicas: cero euros. "Es difícil que alguien quiera desembolsar ninguna cantidad por esas acciones. Más bien parece lo contrario. Si el Banco de España quiere desprenderse de la CAM, tendrá que rebajar las condiciones que impone al comprador en los dos tramos del EPA", explicaban ayer desde un par de entidades.

El nombre del comprador se conocerá en la última semana de octubre. "La venta tiene que estar solucionada antes del inicio de la campaña electoral (4 de noviembre)", aseguran desde el sector. El calendario de la venta se inicia el próximo 26 de septiembre, fecha en la que el Banco de España recibirá las ofertas iniciales. Las entidades que aprueben el test de capacidad financiera del supervisor contarán con cuatro semanas para presentar su oferta, que calificarán tanto el Banco de España como Merrill Lynch.

Las cajas vascas se perfilan como aspirantes. Mantendrían la marca de la CAM, los servicios centrales y su obra social, con un presupuesto de 35 millones para 2011.