Los países que incumplan el Pacto Fiscal (es decir, que incurran en un déficit presupuestario excesivo) no podrán emitir deuda excepto que cuenten con la autorización de sus socios comunitarios, para lo que tendrían que justificar previamente la decisión con detalle. Es una de las medidas que planteará la UE en la inminente cumbre europea, que supondrá una clara cesión de soberanía por parte de los estados miembros. España lo acepta y se pone en manos de Bruselas: PP y PSOE han pactado hoy una proposición no de ley para que Europa 'utilice todos los instrumentos a su alcance para garantizar la estabilidad financiera e imponer un escenario de calma'.

La futura eurozona vislumbrada en un informe enviado a los líderes comunitarios por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, supondría una nueva arquitectura basada en una unión bancaria, fiscal y política en la que habrá más solidaridad a cambio de menos soberanía, un supervisor bancario europeo, un Tesoro del euro, eurobonos, vetos a presupuestos y límites a la emisión de deuda.

El documento (redactado en colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker; y del Banco Central Europeo, Mario Draghi) será la base de las deliberaciones de los jefes de Estado y de Gobierno en la cita, aunque está siendo discutido hoy en París por los ministros de Finanzas de Francia, Alemania, Italia y España. 'Queremos respuestas estructurales, porque hay que sentar las bases de una Europa de la confianza', señaló el titular francés, Pierre Moscovici, quien consideró la cumbre como 'esencial porque hay que sentar ahora las bases de la segunda fase del euro'. Tanto Moscovici como sus colegas se han reunido con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, para preparar la cumbre, algo que también harán mañana la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande.

El documento propone cuatro pilares sobre los que los líderes seguirán trabajando más allá de la cumbre, de la que debe salir un consenso sobre una futura Unión Económica y Monetaria totalmente diferente. Se trata de crear un marco financiero integrado, es decir, una unión bancaria; de promover un marco presupuestario integrado, equivalente a la unión fiscal. Asimismo, el informe incluye la necesidad de impulsar un marco de política económica común, y de fortalecer la legitimidad democrática y la rendición de cuentas para la toma de decisiones a nivel europeo (para compensar la pérdida de soberanía nacional, en lo que sería la unión política).

La idea es que 'cada paso hacia una mayor solidaridad sea acompañado por el paso correspondiente hacia una mayor responsabilidad', empezando por aquellas iniciativas que se pueden ejecutar inmediatamente y no requieren, a priori, cambiar los Tratados, como es el caso de la unión bancaria, señaló hoy Barroso.

Estos cuatro bloques ofrecen una 'arquitectura coherente y completa que tendrá que crearse a lo largo de la próxima década', según el informe. En la unión bancaria habrá dos elementos centrales: una supervisión bancaria europea única y un sistema común de garantías de depósitos y de resolución bancaria.

La supervisión tendría dos niveles: el europeo y el nacional, pero el primero tendría la 'responsabilidad última' y por tanto la autoridad en materia de supervisión sobre 'todos' los bancos, es decir más de 8.300 entidades europeas. Además tendría poderes para intervenir de manera preventiva. Actualmente la supervisión europea de los bancos está coordinada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), pero el BCE podría recibir el encargo de vigilar las entidades de la eurozona.

El sistema de garantías de depósitos también estaría supervisado a nivel europeo, al igual que el fondo europeo de resolución de bancos, cuyos recursos procederían de las propias entidades. Los dos esquemas podrían depender de una autoridad común y el fondo de rescate permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), 'podría actuar como garante presupuestario de la autoridad de resolución de garantía de depósitos', pero en ningún momento se alude a la recapitalización directa de la banca.

Pero es en el bloque de la unión fiscal donde habrá más discusiones porque es ahí donde habrá que ceder más soberanía y Francia tradicionalmente ha sido reticente a esas cuestiones. Este elemento se ha hecho necesario porque 'los desequilibrios de un país crean problemas en la UE en su conjunto', por lo que hay que poner en marcha 'mecanismos, reglas, frenos..', explica una fuente comunitaria. A la vez es el pilar imprescindible para que Alemania acepte más solidaridad y para Berlín se debe empezar por esta pieza del rompecabezas.

Un marco presupuestario integrado implica que se tomen en la eurozona más decisiones en común sobre las cuentas nacionales a cambio de compartir riesgos y eso exige prevenir y corregir políticas fiscales insostenibles en cada país. Así, la eurozona podría fijar techos anuales de gasto en los presupuestos nacionales, máximos para los niveles de deuda y además un país que quiera emitir más deuda de la acordada conjuntamente tendría que 'justificar' su decisión y 'recibir autorización previa' de los demás socios. Es más, 'la eurozona estaría en posición de exigir cambios en las partidas presupuestarias' nacionales si incumplen la reglas en ese ámbito.

Después, se podría explorar 'a medio plazo' la emisión de deuda común, de manera que solo se introducirían los eurobonos cuando haya 'un robusto marco de disciplina presupuestaria' para evitar el riesgo moral, tal y como exige Alemania. El proceso hacia la emisión de deuda común sería gradual y se haría por fases, de manera que el progreso en las decisiones sobre presupuestos vaya acompañado por los correspondientes pasos para compartir riesgos.

Las opciones van desde instrumentos de financiación a corto plazo (como euroletras) a crear un fondo de amortización de deuda. Para hacer realidad esta visión, habría que crear en la eurozona 'una institución fiscal, como una oficina del Tesoro', es decir un 'superministerio de Finanzas', una idea favorecida por el ministro alemán del ramo, Wolfgang Schäuble.