Los ministros de Agricultura de la UE empezarán mañana una reunión decisiva, con el fin de acordar la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino y cerrar así más de año y medio de discusiones, prioritarias para España.

Los Veintisiete afrontarán la recta final de la reforma del vino en un Consejo que podría durar hasta el miércoles y en el que se esperan negociaciones intensas, pues aunque ha habido avances quedan por consensuar muchos puntos relacionados con el reparto del dinero, el final de ciertas ayudas o la liberalización de las plantaciones.

El Consejo comenzará con la presentación de una propuesta de compromiso, por parte de la presidencia portuguesa de turno de la UE, que recogerá las cesiones anunciadas en los últimos días y después habrá reuniones bilaterales para tratar de acercar posturas sobre los puntos que dificultan un acuerdo.

Además, la reforma se mezclará con la tradicional negociación de las cuotas pesqueras para 2008, que ya de por sí se caracteriza por reuniones maratonianas que se prolongan hasta la madrugada.

Los países de la UE intentan pactar una regulación que tiene como fin incrementar la competitividad de los vinos europeos y para ello mantiene el presupuesto para la OCM (1.268 millones anuales) aunque cambia la manera de repartirlo: Bruselas propone destinar una parte a planes de arranque y otra a "sobres" o asignaciones nacionales.

En este momento de la negociación, para el sector español es fundamental saber qué partida irá a España y para qué medidas, con especial interés en la continuidad de las ayudas al mosto o a la destilación para brandy.

España es el primer receptor de los fondos de la OCM y hasta ahora ha recibido un 33% del total, cantidad que quiere mantener en lo máximo posible.

La Comisión Europea (CE) plantea un plan de ayudas para fomentar el abandono voluntario de viñedo en las zonas menos competitivas, pero frente a las propuestas iniciales, calificadas de radicales, el arranque ha dejado de ser el punto central de la reforma, porque Bruselas ha suavizado su postura.

La última propuesta legislativa habla de un arranque voluntario de 200.000 hectáreas de viñedo en cinco años (la mitad de lo que quería la CE hace un año), pero en los últimos debates, parece haber consenso para que esos planes tengan una duración inferior (tres años) y afecten a menos superficie, a unas 175.000 hectáreas.

Al reducirse el tiempo del arranque, la ayuda sería en el primer año un 10% más de la propuesta inicial, en el segundo un 10% y en el tercero igual.

Entre los puntos que protagonizarán el debate figuran la prohibición del añadido de azúcar al vino, la liberalización o no del cultivo de viñas, el final o no de ayudas al mosto o al alcohol de uso de boca (para brandy), la liberalización del cultivo de viñas y medidas transitorias como las que ha pedido España.

España reclama la continuidad de las primas al mosto y al alcohol de uso de boca y aunque la postura inicial de la CE era que terminaran, en los últimos días la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ha dado muestras de flexibilidad.

Para España, una solución sería un "período transitorio" hasta 2013 durante el cual pudiera haber medidas provisionales, con el fin de acostumbrar al sector y evitar que las industrias que reciben tales subproductos del vino no se queden desabastecidas.

El Gobierno español propone que dentro de los "sobres nacionales", en ese período hubiera un apoyo al productor, relacionado con un contrato con la industria.

Propone establecer el llamado "pago por superficie" similar al acordado para otros sectores agrícolas como el de frutas y hortalizas.

Por otra parte, la CE quiere poner fin en 2014 a los actuales derechos de plantación que restringen el cultivo de viñas; la fecha en el que acabe esta limitación es otro punto en el que hay discrepancias y provocará enfrentamientos.