Así refuerza Alfonso Rueda el control político del PP sobre la televisión pública de Galicia

El Partido Popular de Alfonso Rueda aprobó el pasado martes en el Parlamento de Galicia la nueva ley de medios públicos de la comunidad, que refuerza los mecanismos de control político sobre la compañía que gestiona la televisión y la radio de titularidad autonómica.

La oposición asegura que la norma esconde la intención de mantener la manipulación informativa a favor de la Xunta y el PP, y los trabajadores, que desde hace más de cinco años se manifiestan cada semana en los venres negros que convoca la plataforma Defende a Galega en defensa de la pluralidad y neutralidad de la compañía, la han recibido con una huelga y con protestas frente a sus emisiones en directo.

La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que a partir de ahora pasa a llamarse Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), está dirigida por Alfonso Sánchez Izquierdo, nombrado en 2009 por Alberto Núñez Feijóo y bajo cuyo mando se han producido multitud de casos de manipulación informativa, persecución ideológica de periodistas críticos, uso partidista de los medios públicos y vulneración de derechos laborales, además de denuncias por la emisión de contenidos sexistas y machistas.

Imputación de la cúpula directiva

Después de centenares de sentencias judiciales firmes de los juzgados de lo Social contrarias a su gestión, Sánchez Izquierdo y ocho directivos de su cúpula han sido imputados por un juzgado de lo penal por un delito de acoso laboral a una trabajadora. Fue a partir de ese momento cuando Rueda empezó a acelerar la tramitación de la ley para permitir una rápida sustitución del director general sin necesidad de acordarlo con la oposición.

En la anterior normativa, de 2011, se contemplaba que ese cargo debería ser designado por mayoría de dos tercios en el Parlamento de Galicia –50 de 75 diputados– , en primera vuelta, y de tres quintos –45– en segunda vuelta. El PP jamás ha disfrutado de esas mayorías en la Cámara autonómica, pero un disposición adicional en norma aprobada el martes contempla que, si no se alcanzan las anteriores, la elección se realizará por mayoría absoluta. Es decir, con los votos del PP.

El resto de miembros del Consejo de Administración -son seis además del propio director general–, se elegirán por el mismo sistema. En teoría su mandato sólo era renovable una vez, pero la nueva norma pone el contador a cero y permite que los consejeros, en su mayoría propuestos por el PP, que lo son de la CRTVG, repitan cargo en la CSAG sin que les afecten los límites de la ley anterior.

Sin control profesional contra la manipulación

La ley de 2011 contemplaba la creación de un Consejo de Informativos, a imagen del que funciona en la Corporacion de Radio y Televisón Española (CRTVE), “"como órgano interno de participación de los profesionales de la información de la CRTVG, a fin de velar por la independencia, veracidad y objetividad de los contenidos informativos difundidos por todos sus canales”.

El PP se ha negado durante los últimos 14 años a crear ese organismo, cuyo desarrollo reglamentario ni siquiera fue puesto en marcha. Ahora, la nueva norma lo sustituye por un Consejo Asesor de Participación Social y Profesional como "órgano de participación externa de la sociedad gallega e interna de las personas profesionales de la CSAG, que tiene como finalidad contribuir a fortalecer la participación así como la calidad, profesionalidad e independencia de la información".

La ley prevé que contará con 15 miembros, y el PP también se garantiza que tendrá mayoría de afines. Uno de ellos será el propio director general –que paradójicamente formará parte del órgano supuestamente independiente que debe fiscalizarle–, y otros dos, profesionales de la casa –no se especifica que deban ser periodistas o informadores– elegidos por el Consejo de Administración, donde el PP ya tiene mayoría.

Otros tres serán designados por el Consello de la Xunta –es decir por el Gobierno de Alfonso Rueda– y seis, por el Parlamento de Galicia, donde el PP también tiene mayoría.

El gallego deja de ser la lengua de los medios públicos 

El artículo 7 de la ley de 2011 establecía que "la lengua de la CRTVG es el gallego" y que "por tanto, la prestación del servicio de comunicación audiovisual por parte de dicha sociedad y las comunicaciones que efectúe al personal dependiente de ella en el ejercicio de sus tareas serán en lengua gallega".

Esa redacción se elimina en la nueva normativa, que abre la producción propia y la emisión de contenidos ajenos a "otras lenguas cuando así lo justifique el cumplimiento de la misión de servicio público definida en esta ley y, en particular, con el fin de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la comunidad autónoma".