En medio de una compleja controversia judicial, la pareja argentina que esperaba convertirse en el primer matrimonio homosexual de América Latina se quedó hoy compuesta y sin boda en el registro civil de Buenos Aires a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.

Pese a la divulgación este lunes de una sentencia que anulaba el fallo que autorizó su matrimonio, José María Di Bello y Alex Freyre acudieron al registro, vestidos con elegantes trajes de novio, para tratar de cumplir su objetivo y denunciar la discriminación legal que sufren los homosexuales en Argentina.

"No somos ciudadanos de segunda, todos somos ciudadanos de primera y merecemos tener los mismos derechos", afirmó José María Di Bello tras conocer la decisión del registro civil de suspender la boda.

"Nos vamos a casar", dijo Freyre, convencido de que "después de nosotros vienen otros, cientos, miles".

La pareja hizo un llamamiento a los legisladores nacionales para que terminen con este tipo de situaciones y aprueben una ley que les permita casarse sin "someterse a un proceso judicial".

Una demanda arropada por decenas de legisladores, representantes de agrupaciones de homosexuales y transexuales, activistas sociales y amigos, que acudieron al registro a arroparles y a celebrar en caso de que la boda finalmente se hubiese concretado.

José María y Alex estuvieron a punto de lograr su objetivo cuando la jueza de primera instancia Gabriela Seijas ratificó el fallo dictado a mediados de noviembre que permitía su boda e instó al registro civil de la ciudad de Buenos Aires a casar a la pareja.

En su decisión inicial Seijas argumentó que es "inconstitucional" el impedimento legal para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

La sentencia fue anulada el lunes por otra jueza, Marta Gómez Alsina, a cargo de un juzgado nacional en lo Civil, que atendió el recurso del abogado Francisco Roggero, a quien medios locales relacionan con organizaciones católicas, para impedir esta boda.

La Cámara Nacional en lo Civil de Buenos Aires dictó hoy la suspensión hasta que la causa cuente con una sentencia definitiva, y el gobierno de la ciudad, encabezado por el conservador Mauricio Macri, optó por acudir a la Corte Suprema para dirimir el conflicto.

El jefe de Gobierno de la capital enfrenta ahora las críticas de colectivos homosexuales, la posibilidad de que la jueza Seijas acuse de desacato al registro civil de la ciudad por no acatar su fallo y arrastra su distanciamiento de la Iglesia Católica por haber consentido en un primer momento la celebración del matrimonio.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un comunicado, ratificó su "defensa de las libertades individuales y la igualdad ante la ley", pero puntualizó que se encuentra "provisoriamente impedido" de avalar la boda.

Para María Rachid, de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Macri "nos mintió" porque no cumplió el fallo de la jueza Seijas y optó por "la decisión política de negarnos nuestros derechos y discriminarnos, pero todavía vamos a seguir peleando".

"Ahora queremos saber de qué lado está el gobierno nacional, que puede sacar esta ley en el Congreso", advirtió.

La Corte Suprema tendrá que pronunciarse sobre la controversia, aunque tal como apuntó hoy el juez del máximo tribunal Carlos Fyat no hay plazos previstos. "Si yo pudiera saber cuándo vamos a resolver cada caso pondría un negocio de premoniciones", dijo.

Un comentario que hace suponer que Freyre, de 39 años, y Di Bello, de 41, tienen todavía un largo camino por delante hasta conseguir su deseo de convertirse en matrimonio.

La pareja se conoció un 1 de diciembre y quería celebrar hoy su boda coincidiendo con el Día Mundial contra el Sida, una enfermedad que ambos padecen pero que no les "hace ciudadanos de segunda", según dijo Freire.