En lo que llevamos de crisis económica el único debate más o menos serio, el primero si se prefiere, sobre la economía ha tenido lugar el miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente Rodríguez Zapatero, más allá de afirmar que lo peor ha pasado, acepta ahora que el paro seguirá aumentando y que las dificultades se sentirán durante bastante tiempo más. En otros términos, que esta recesión no es una recesión ordinaria, es decir, que incluso en el caso de que en algún momento del próximo año la economía española vuelva a crecer ello no se reflejará en la creación de empleo y bienestar.

Aquí está la clave. Hay dos fases en la historia económica española reciente. Una fase, anterior a la entrada de España en la zona del euro, en la que las recesiones eran superadas de manera clásica: abaratando la fuerza del trabajo del país. O en términos menos duros y más elegantes: bajando los precios y salarios en relación con el extranjero a través de una devaluación de la moneda. Ello volvía más atractiva la inversión en España y al tiempo permitía recuperar la competitividad y exportar más. La segunda fase es aquella en la que las recesiones se desarrollan con España dentro de una unión monetaria. Hasta la crisis actual hemos vivido la recesión de 2001. El mecanismo de superación de esa recesión clásica, producto del estallido de la burbuja tecnológica, aquí y en el resto del mundo, fue la creación de una nueva burbuja, la de la vivienda y del crédito, alimentada desde el Banco Central Europeo.

Lo que está viviendo la economía española se acerca más a una depresión que a una recesión clásica, en la cual el elemento característico central es el elevado endeudamiento de las familias y las empresas. Este colosal endeudamiento es una de las grandes diferencias (aparte del peso de la construcción en el Producto Interior Bruto) con las principales economías europeas. En esta depresión española los elementos deflacionistas son muy fuertes. Hasta que las familias y empresas no reduzcan su nivel de deuda, la economía seguirá en estado de coma. Es una economía muerta. Es lo que pasó en Japón en los años noventa.

El problema se agrava para el caso de España porque como miembro de la eurozona está también sometida a los criterios de la unión monetaria. No sólo no tiene la autonomía para devaluar sino que, además, tiene que respetar la camisa de fuerza que supone el límite del 3% del déficit fiscal en términos de Producto Interior Bruto. Los que impulsaron este límite, básicamente el Bundesbank o banco central alemán, tuvieron en cuenta una economía idílica, no una economía sujeta a un cataclismo como el que ahora se sufre.

En la práctica, este límite ha saltado por los aires incluyendo el incumplimiento de los padres fundadores, como Alemania y Francia. Pero el Gobierno español, que es partidario de utilizar el déficit público como un instrumento anticíclico, se ve obligado al tiempo a hacer el paripé de buen alumno que cumplirá con el 3% en 2012. Y ese paripé consiste en subir los impuestos en 1,5 puntos del PIB (15.000 millones de euros) para ganar credibilidad ante los jodidos mercados, que diría Bill Clinton, y calmar a las fieras tecnocráticas de Bruselas, para que a su vez también ellas puedan hacer su respectivo paripé funcionarial.

La invitación (hay que esperar que sea real y no meramente retórica o dialéctica) de Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy a una reunión con tijeras en ristre para definir aquellas partidas de gasto susceptibles de recortar es muy oportuna. Los ciudadanos podrían de este modo tener las dos opciones. La del Gobierno y la de la oposición.

España terminará 2009 en la línea de 4,6 ó 4,7 millones de parados, que con una población activa de 23 millones de personas supone una tasa de paro del 20%. Es la cifra que conoceremos cuando se hagan públicos los datos de la EPA del cuarto trimestre del año. Estas cifras de paro, acumuladas en cuatro o cinco trimestres, son cifras de una gran depresión, no de una recesión más o menos normal. Ante esto, el déficit público no puede sino sustituir la inactividad y el estado comatoso del sector privado.

La agencia crediticia Moody's no parece tener dificultades en asumirlo y, a pesar de ello, ha dado la calificación más solvente a la deuda española. Se dirá que no tiene credibilidad alguna. Pero cuando una agencia castiga a España es noticia de primera página. Cuando refuerza su calificación sólo merece ir en páginas interiores. Bien. Pero Moody's no se engaña. Aun estimando un escenario adverso de déficit de 11,5% del PIB en 2012 (la agencia, pues, no cree que España pueda situarse en el 3% de Maastricht) ha elevado a España colocándola entre los países llamados resistentes: Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido y EEUU.