El Parlamento turco se reunió hoy para discutir las enmiendas constitucionales que permitirán el libre uso del velo en las universidades.

Las modificaciones a la Carta Magna fueron propuestas por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, 349 escaños) y el derechista Partido de Acción Nacionalista (MHP, 70 escaños), y cuentan también con el apoyo del pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP, 20 escaños).

La suma de parlamentarios de estas formaciones garantiza la aprobación de la propuesta con más de los dos tercios de la Cámara (550 diputados), exigido para los cambios constitucionales.

Tras la discusión, que se prolongará hasta bien entrada la noche, se votarán las enmiendas en primera instancia, aunque el resultado final depende de la votación del próximo sábado.

Un grupo de manifestantes de los principales sindicatos del país se concentró frente al Parlamento contra la propuesta de permitir el libre uso del velo en las universidades, ya que lo consideran un símbolo del Islam político.

La propuesta ya ha creado tensiones en el país con las duras reacciones de los círculos seculares, los militares, los jueces y la manifestación organizada por asociaciones de mujeres que el pasado domingo congregó a decenas de miles de personas en Ankara.

Ural Akbulut, rector de la Universidad Técnica de Oriente Medio, consideró hoy que la constitución será modificada por razones religiosas, lo que llevará el caos a las universidades.

Por otro lado, unos 3.000 académicos firmaron una declaración de apoyo al levantamiento de la prohibición del velo en las universidades, considerándolo una cuestión de libertad individual.

Según el acuerdo alcanzado por AKP y MHP, el libre uso del velo estará sólo permitido en las universidades y no en niveles inferiores de la educación, ni en las administraciones públicas.

Pero la principal formación de la oposición, el laico Partido Republicano del Pueblo (CHP), arguye que esto dará lugar que los estudiantes lleven todo tipo de símbolos religiosos, lo que provocará que en poco tiempo los empleados públicos exijan los mismos derechos, algo que AKP y MHP se niegan a autorizar.

El experto constitucional Ibrahim Kabaoglu escribió hoy en el diario 'BirGün' que la ambigüedad de las enmiendas constitucionales abre la posibilidad de que funcionarias y estudiantes de educación primaria y secundaria soliciten también el libre uso del velo.

En declaraciones a EFE durante la protesta ante el Parlamento, Ismail Hakki Tombul, presidente del sindicato KESK, se preguntó: "¿cómo se diferenciará (quién puede llevar velo) en los casos en que las estudiantes también ofrezcan un servicio público como en los hospitales universitarios?".

"Los niños pequeños verán a una profesora con velo y a otra sin él y preguntarán por qué. ¿Debemos decir que una es creyente y la otra no?", añadió en declaraciones a EFE Alaatin Dinçer, presidente de la Unión de Profesores (Egitim-Sen).

Para el gobierno del AKP, en cambio, la relajación en la prohibición del velo es una cuestión de democracia y derechos individuales.

"No se puede mejorar la economía sin consolidar la democracia. No podemos mantener un gran nivel de desarrollo sin fortificar los fundamentos del estado basados en el imperio de la ley y la garantía de las libertades fundamentales a todos los ciudadanos", dijo ayer el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan.

Para los círculos seculares y el CHP, el AKP mantiene una agenda oculta y estas enmiendas no son sino un paso más en la erosión de la república laica, por lo que el CHP ha declarado ya que denunciará la propuesta de AKP y MHP ante el Tribunal Constitucional.

La tensión ha crecido entre los grupos a favor y en contra del levantamiento de la prohibición del velo, por lo que el líder del Partido de la Izquierda Democrática, Zeki Sezer, solicitó que se posponga la reforma hasta que se consiga un mayor consenso.

Sin embargo, según una encuesta hecha pública ayer por varios rotativos, el 64,9 por ciento de los turcos son favorables a levantar la prohibición del velo y sólo el 27,6 se oponen.

La mayoría (57 por ciento) considera que se trata de una cuestión de "democracia, libertad de conciencia y libertad religiosa", mientras que el 26,3 por ciento lo considera un "ataque contra el laicismo y el régimen republicano".