Por Paul Day

El desempleo en España habría subido a una tasa del 18,6 por ciento en el tercer trimestre del año, con una reducción respecto al fuerte ritmo de crecimiento de principios de año gracias al plan de estímulo multimillonario emprendido por el gobierno socialista para tratar de acotar el creciente listado de parados.

Desde la tasa del 17,9 por ciento registrada en el segundo trimestre, siete analistas consultados por Reuters prevén un repunte hasta niveles de entre el 17,95 y el 19 por ciento en el período entre junio y septiembre.

Esta subida mostraría una desaceleración con respecto al crecimiento registrado en el primer trimestre, cuando la tasa aumentó al 17,4 por ciento desde el 13,9 por ciento del último trimestre de 2008.

El Gobierno pronostica que el paro toque un techo del 18,9 por ciento en 2010 antes de empezar a caer, pero los datos de la Unión Europea mostraron que ese nivel ya se alcanzó en agosto, situando la tasa de España más de dos veces por encima de la media de los 27 estados miembros.

Muchos economistas proyectan que el paro en España puede alcanzar el 20 por ciento y mantenerse en torno a estos niveles hasta finales de 2011.

"No vemos creación de empleo antes de 2011, con el desempleo rondando el 21 por ciento para finales de 2010", dijo Giada Giani, economista de Citi.

El fuerte crecimiento de la economía española en la última década sufrió un brusco parón a mediados de 2008 después de que la crisis financiera mundial pusiese de manifiesto la exposición de una economía sustentada en una burbuja inmobiliaria y un consumo apoyado en créditos baratos.

El colapso del negocio de la construcción inmobiliaria llevó a una ola de despidos masivos, mientras que la falta de créditos también provocó pérdidas de empleo y cierres de comercios en el sector servicios.

La OCDE pronostica que la crisis económica española dejará sin empleo a alrededor de 2,7 millones de personas entre 2007 y 2010, más del doble de los que cobraban subsidio antes de la crisis.

El Gobierno, los empresarios y los sindicatos tratan de negociar un nuevo marco laboral que agilice la creación de empleo, aunque el Ejecutivo ha descartado reformas más allá de la reducción de los contratos temporales.