Los secretarios judiciales realizan el martes un paro de tres horas a partir de las 10 de la mañana para protestar por las sanciones impuestas por el llamado "caso Mariluz", una movilización que coincidirá con la convocatoria de juntas a la misma hora por parte de los jueces, que han criticado las "injerencias del Gobierno" y la falta de medios en la Justicia.

La protesta ha sido calificada de "corporativista" por el Ministerio de Justicia, que ha asegurado que garantizará la atención a los ciudadanos durante una jornada que paralizará de hecho la administración judicial.

El paro parcial responde a la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que se aplicó a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no tramitó adecuadamente la ejecución de una condena por pederastia a Santiago de Valle, acusado de la muerte de la pequeña Mariluz Cortés.

Este colectivo atribuye a un sistema judicial obsoleto los errores judiciales que provocaron que el presunto asesino de la niña onubense de 5 años estuviera en libertad, pese a las dos condenas por pederastia que tenía, una de ellas contra su propia hija.

Para evitar que casos como éste se repitan y que se tome como "cabeza de turco" a personas como la secretaria sancionada, exigen la reforma de las leyes procesales, que según Justicia no pudo aprobarse en la última legislatura por no contar con suficiente apoyo parlamentario.

También reclaman la implantación de la Nueva Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como la Ley sobre Condiciones, y la implantación de la Nueva Oficina Judicial.

La sanción de Gálvez contrasta con los 1.500 euros con los que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial multó en septiembre al juez Rafael Tirado, por no ordenar que se ejecutara la sentencia contra del Valle. La fiscalía anunció en su momento su intención de recurrir esta última sentencia.