Juan Enrique T. M., de 30 años, ha vivido estos días su particular semana de Pasión. 'Fui a Granada a disfrutar de la Semana Santa y acabé en la cárcel', relata, aún nervioso. Su único delito: apellidarse igual que un delincuente condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

Una serie de errores judiciales y policiales llevaron a Juan Enrique a una celda del centro penitenciario de Albolote (Granada), donde ha permanecido casi seis días hasta que la Administración de Justicia se percató del fallo y ordenó de nuevo su puesta en libertad. Hace sólo dos semanas, otra concatenación de errores similares propició la puesta en libertad del peligroso delincuente albanés Astrit Bushi, acusado de la brutal paliza que casi acaba con la vida del empresario José Luis Moreno. Justo ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó abrir una investigación para esclarecer estos hechos.

Juan Enrique admite que ha vivido una 'pesadilla horrible' que no desea a nadie. Por eso, exige responsabilidades. Sus abogados ya preparan una demanda por lo que consideran 'un gravísimo error judicial'. 'Es un fallo muy lamentable que cuestiona y quiebra el Estado de Derecho', argumenta su defensa. Y avanza que pedirá una indemnización por dañoal honor y por las consecuencias que se pudieran derivar.

Todo comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando Juan Enrique T. M. y su amigo Paco llegaron a Granada. Se alojaron en un hotel, donde se registraron, y ya por la tarde salieron a la calle para contemplar de cerca las tradicionales procesiones. Pasadas las seis de la madrugada, regresaron al hotel. 'Habíamos ido a la procesión del Cristo de los Gitanos por el Sacromonte y nos retiramos ya muy tarde a descansar', relata.

A los pocos minutos de entrar en la habitación, llamaron a la puerta. Eran dos agentes de la Policía Nacional. 'Preguntaron por mis datos, me pidieron el DNI y me preguntaron si tenía alguna cuenta pendiente con la Justicia', recuerda. Su respuesta fue negativa. 'Entonces me dijeron que me vistiera y les acompañara para resolver unos asuntos. Yo flipaba', cuenta. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando salió al pasillo. 'Entonces me pusieron unas esposas, me llevaron hasta un furgón policial y me dijeron que estaba detenido por una orden de busca y captura contra mí emitida por la Audiencia Nacional', afirma.

Sin recibir ninguna explicación, Juan Enrique ingresó en el calabozo. Varias horas después, fue trasladado al Juzgado de Instrucción 3 de Granada. La víctima repetía una y otra vez que carecía de antecedentes penales y que no tenía causas judiciales pendientes. No le creyeron. 'La Policía me dijo que mis huellas dactilares y los datos del DNI coincidían con los de un fugitivo y que no había nada que hacer', asegura. En el juzgado le obligaron a firmar un papel: 'Me dijeron de muy malos modos que pesaba contra mí una ejecutoria en firme de busca y captura y que debía acatarla'.

Y de ahí, directo a la prisión de Albolote, hasta que el lunes la Audiencia Nacional emitió un exhorto a los Juzgados de Granada para su 'inmediata puesta en libertad', que obtuvo horas después. ¿Qué había ocurrido? La orden emitida por los tribunales se refería a Israel T. M., condenado a cuatro años por blanqueo de capitales. Desde el 13 de febrero, cumple esta condena en la cárcel de Castellón.

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron ayer que, una vez tuvieron constancia de que Israel se hallaba en prisión, el 23 de febrero enviaron un fax a la Guardia Civil y a la Policía ordenando el cese de la busca y captura. De aquello hace casi dos meses. En los archivos policiales, dicha orden no quedó actualizada. Interior, de momento, guarda silencio.