Aunque satisfecha por la reforma laboral, la CEOE quiere más. Si la semana pasada su presidente, Juan Rosell, pedía que se revisara el derecho de huelga, este lunes el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la patronal, José Luis Feito, propuso que se retire la prestación de desempleo a las personas en paro que rechacen un empleo. Es más, Feito dijo que se debería penalizar el primer rechazo de un puesto de trabajo, aunque este esté “en Laponia”. Actualmente, la ley ya permite retirar la prestación de desempleo a aquellas personas que no acepten un trabajo “adecuado” tres veces. “En España hay una mentalidad de que el paro es una especia de renta, y que se tienen dos años para buscar trabajo”, añadió Feito.

El directivo de la CEOE no sé quedó ahí y aseguró que eliminar puestos de trabajo en el sector público (con la nueva reforma laboral puede despedirse al personal laboral que haya entrado en las administraciones por oposición) no generará más paro, ya que permitirá que esos fondos se desvíen para pagar a proveedores y que, a su vez, estas empresas puedan volver a contratar personal.

Feito aseguró también que la sociedad española no ha percibido realmente “las deudas que le han dejado” y añadió que la situación económica es mucho peor de lo que él se esperaba. Según Feito, esta percepción social puede abrir un marco de conflictividad social que, al final, debilite aún más la capacidad de reacción de la economía española.

Las centrales buscan
suavizar la norma con enmiendas
en el Parlamento

La patronal deja así entrever sus próximos movimientos. Una posición que parece muy alejada de la de los sindicatos, que este lunes pidieron al Gobierno negociar la reforma laboral para corregirla durante su trámite parlamentario. Después del éxito de las manifestaciones del domingo, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, instaron al Ejecutivo a modificar la norma antes incluso de su aprobación parlamentaria definitiva, informa Diego Barcala.

“No vaya a suceder como en 2002, cuando el PP se vio obligado a rectificar después de una huelga general, cuando ya había sido aprobada la ley en el Congreso”, dijo Toxo, que pidió al Gobierno que “lea bien” el mensaje que transmitió la ciudadanía con sus movilizaciones en 57 ciudades españolas. La convalidación de la reforma en el Parlamento se producirá el próximo 8 de marzo.

Las centrales proponen al Gobierno abrir una mesa de negociación con sindicatos y patronal paralela a la tramitación parlamentaria para modificar la reforma. “Habrá que ver qué opina el Gobierno. De momento, a nosotros no nos han llamado. Si, como dicen, gobiernan para todos, tendrán que tener en cuenta las manifestaciones”, señaló el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Para los sindicatos, este llamamiento al Gobierno es un ejercicio de responsabilidad para evitar una “escalada” de la conflictividad social. Por ello, Méndez insistió en que el Ejecutivo debe “reflexionar” y plantear “cauces para trabajar unidos”, en lugar de gobernar “a golpe de decreto”.

Báñez aseguró que el Gobierno está abierto "a todas las propuestas"

La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró este lunes que el Gobierno está “abierto a las propuestas y soluciones” que se presenten para negociar la reforma laboral, aunque insistió en que las organizaciones sindicales deben concretar sus posturas. “Es tiempo de aportaciones y propuestas”, subrayó Báñez, que aseguró que el Ejecutivo intensificará durante estas semanas los encuentros con los agentes sociales. Este lunes mismo tuvo lugar una reunión técnica, tal y como acordaron todas las partes la semana pasada, aunque tan sólo sirvió para constatar los puntos de conflicto.

“Entre todos ayudaremos a mejorar la salida de la crisis enriqueciendo el texto de la reforma”, señaló Báñez. La ministra sostiene, así, una postura más flexible, al menos aparentemente, que la de la semana pasada, cuando emplazó a sindicatos y patronal a discutir aspectos técnicos pero no sustanciales de la reforma. No obstante, aún no ha abierto como tal una mesa de negociación con los interlocutores sociales. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció este lunes por primera vez que la norma creará empleo.

Los sindicatos creen que la apertura a debate parlamentario de la norma permitirá la modificación de sus aspectos más controvertidos. “Somos partidarios de la convergencia. Nuestra idea es consensuar con los empresarios las enmiendas”, avanzó Toxo. De momento, la patronal no se ha pronunciado sobre esta posibilidad. Es decir, CCOO y UGT tratarán de corregir la reforma mediante

una hipotética negociación con el Gobierno y, en todo caso, a través de enmiendas durante su tramitación parlamentaria. De momento, ya se han reunido con PSOE e IU y el jueves lo harán con el PP. “Queremos que las enmiendas sean presentadas con el apoyo de los grupos parlamentarios”, insistieron los líderes sindicales.