La patronal se resiste a firmar el pacto andaluz por la vivienda

A Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza (CEA), le parece bien diciembre como horizonte para firmar el Pacto por la Vivienda, que plantea el Gobierno andaluz y que persigue la construcción de 300.000 viviendas protegidas (VPO) en los próximos 10 años. Herrero es la pieza clave de este acuerdo (los sindicatos han mostrado desde el principio su disposición a negociar) y lleva meses criticando de forma abierta o más soterrada, en las mesas de la concertación, la normativa urbanística de la Junta. Y ayer, fue claro: "No va a haber acuerdo si la CEA no está convencida de su interés".

Por ello, el presidente, Manuel Chaves, aseguró que el documento, criticado por insuficiente por la patronal, presentado a los agentes de la concertación (CEA, UGT y CCOO) es totalmente "abierto". "Que hay que tratar temas de suelo, que hay que tratar temas de la ordenación del territorio [como reclamó ayer la CEA], todo será bien recibido", remachó Chaves.

La reunión, en la Casa Rosa -sede de la presidencia de la Junta-, duró un poco más de una hora y es la primera que se produce para hablar de urbanismo entre Herrero, Chaves y los secretarios generales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, tras la crisis, que se abrió el año pasado al aprobarse limitaciones al crecimiento municipal del 40% en el suelo urbano disponible y a un 30% en número de habitantes hasta 2014. La patronal ha recurrido la norma (el POTA) ante el TSJA. Sin embargo, la reunión de ayer transcurrió en un ambiente "cordial" y permitió avanzar en el pacto, clave para el Gobierno andaluz. "Habrá pacto con absoluta seguridad con todas las partes de la concertación social", se permitió decir Pastrana. Los socialistas, que sustentan el Ejecutivo, tendrían despejado el flanco de la vivienda de cara a los comicios del 9 de marzo.

Objetivos del acuerdo

Ni Herrero ni Pastrana ni Carbonero cuestionaron los objetivos del acuerdo, embrión de la futura ley de vivienda. Se trata de resolver la situación de 740.000 andaluces de entre 18 y 35 años, que quieren emanciparse y no pueden debido a los precios de la vivienda. Para ello, se pretende ofrecer un parque suficiente de VPO, que permita a los jóvenes comprar la casa sin gastarse más de un tercio de sus ingresos mensuales. En el caso del alquiler y del alquiler con opción a compra, el límite está en un cuarto de sus ingresos mensuales. También se persigue "afianzar" la construcción, sobre la que pesan negros nubarrones, como un componente fundamental del PIB andaluz.

"Una cosa es estar de acuerdo con los objetivos y otra con los medios", dijo Herrero. "Hace falta dar solución a la planificación urbanística", dijo. La patronal pondrá sobre la mesa, en un documento que enviará al Gobierno, su exigencia esencial: saber cómo lograr suelo a precio asequible.