El lanzamiento de proyectiles en los campos de tiro del Ejército provoca pequeños incendios que, en ocasiones, devastan cientos de hectáreas de arbustos, matorrales y pinares. El pasado 17 de julio ardieron 968 hectáreas en Chinchilla de Montearagón (Albacete), 805 pertenecientes al campo de maniobras del Ejército y 163 a montes públicos y particulares.

Las maniobras militares provocaron la quema de cerca del 2% (6.190 hectáreas) de la superficie incendiada en España entre 1996 y 2007, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Greenpeace aumenta el porcentaje al 6% y denuncia que los datos oficiales no incluyen quemas como la que devastó 6.000 hectáreas en julio de 2007 en Cerro Muriano (Córdoba). En total, la organización ecologista calcula que las prácticas militares han provocado la destrucción de unas 20.000 hectáreas desde 1996 hasta julio de 2009.

Al tratarse de zonas de riesgo por los proyectiles abandonados, los medios terrestres para extinguir las llamas no suelen tener permitido el acceso. Parte de los medios antiincendios atajan los fuegos desde el perímetro del recinto o con medios aéreos. "Eso dificulta enormemente la extinción" y, en casos como el último de Chinchilla, "es inevitable que el fuego supere los límites del recinto", critica el portavoz de Ecologistas en Acción en materia forestal, Raúl Navarrete.

Pedir una tregua en verano

Las medidas que Medio Ambiente aprobó en 2007 "con la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la colaboración entre destacamentos de vigilancia no son suficientes", denuncia. Por todo ello, los ecologistas abogan por la prohibición de las prácticas desde junio hasta septiembre.

La UME se negó a finales de verano del año pasado a mantener su participación permanente en la extinción de incendios ya que, según sus responsables, el Ejército de Tierra estaba incumpliendo la Ley de Montes de 2003. Según esta, las Fuerzas Armadas deben contar con medios propios contra incendios en los campos de maniobras y de tiro. Así, la función de la UME debería de quedar reducida a las labores de apoyo.

Las Fuerzas Armadas deben contar con medios propios contra incendios en los campos de maniobras

Una semana después del incendio de Chinchilla de Montearagón, un disparo inició un fuego similar que arrasó 1.100 hectáreas de zona protegida de monte bajo junto a Marsella (Francia). Los servicios de extinción de incendios lograron bloquear el avance de las llamas a unos cientos de metros de la ciudad. En el país galo, la Ley prohíbe a los militares realizar disparos de balas trazantes en los campos de tiro entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre "porque son incandescentes para mostrar la traza del disparo, y siguen ardiendo durante un tiempo", explicó el prefecto de la región, Michael Sappin tras el accidente, que calificó de "lamentable" y "falta profesional grave". Las autoridades ya están estableciendo sanciones.

En España no existe esta prohibición. El Ejército intenta "reducir al máximo las prácticas durante los meses de verano", según explican fuentes del Ministerio de Defensa, pero el Gobierno no ha manifestado intención de suspender las prácticas durante los meses de mayor riesgo.

Para el portavoz de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, David García, es una "imprudencia que un organismo público lance proyectiles y que practique con fusilería y carros de combate, porque las ruedas hacen saltar chispas".

En los últimos años, "España ha comprado cerca de 2.000 misiles con puntas de uranio empobrecido", denuncia Ángel Luis Arjona, portavoz de la Plataforma Contra la Militarización de Albacete, otra de las organizaciones contrarias a la presencia de las zonas de práctica de tiro y maniobras. "Y supongo que habrán lanzado alguno para hacer pruebas, aunque sin informar a la población de los riesgos que eso supone", critica. Una de las consecuencias de la explosión y quema de material de este tipo es la posibilidad de que las partículas nocivas alcancen alguna de las poblaciones cercanas.

La relocalización de los campos de tiro es una de las grandes reivindicaciones de los grupos ecologistas. Exigen alejarlos de los parques naturales y las zonas declaradas pulmones verdes para evitar desastres naturales como el que calcinó 1.080 hectáreas del Monte de la Marañosa (Madrid) en 2004, dentro de un parque regional de alto valor ecológico.

En el año 2005, el Tribunal Supremo condenó por primera vez al Ministerio de Defensa a indemnizar con cerca de diez millones de euros al municipio de Tabuyo del Monte (León) por el incendio del Teleno en 1998. Un proyectil defectuoso provocó un fuego que la imprudencia, la falta de previsión y vientos de hasta 90 kilómetros extendieron a 3.300 hectáreas (1.700 de ellas municipales).

Los incendios no son el único problema que denuncian los vecinos y los grupos ecologistas que trabajan en Chinchilla. El cunicultor Constantino Sáez lamenta que el lanzamiento de proyectiles a escasos kilómetros de su granja y el continuo trasiego de aviones y helicópteros militares haya matado de infarto a 45.000 conejos en 15 años.