40 años después de prometer fidelidad a Francisco Franco, el rey Juan Carlos I ha llevado a la Monarquía a un estado de excelente salud en apariencia: ganó legitimidad pilotando la transición y frenando el golpe de Estado que en parte impulsó su entorno, cuenta con el apoyo de los grandes partidos incluido el del PSOE, la principal formación de tradición republicana y, según las encuestas oficiales, goza de respaldo popular.

Y sin embargo, la realidad es más compleja: a los 71 años, Juan Carlos I ni siquiera se plantea ceder el testigo a su hijo para ayudarle a consolidarse como rey. Y la reforma constitucional para acabar con la discriminación de la mujer en el orden sucesorio está paralizada sine die. En ambos casos subyace el peligro, alimentado por sectores republicanos y aceptado tácitamente por los monárquicos, de que abrir un melón aparentemente inofensivo aliente el debate sobre la Monarquía misma. O sea: su salud no sería tan buena.

'Si hubiera libertad de expresión, la Monarquía no duraría ni diez minutos', opina el senador Iñaki Anasagasti, que tras años de contención se ha despachado ahora con la publicación de Una monarquía protegida por la censura (Foca). Y añade: 'Si el rey tuviera encima la lupa que se pone a Berlusconi, se vería carne bastante putrefacta'.

Su Partido Nacionalista Vasco sigue instalado en el accidentalismo ni monárquico ni republicano, pero la dureza de uno de sus militantes más destacados no es una anécdota: muestra las fisuras del gran consenso de la transición.

Izquierda Unida fue el primero en desmarcarse del consenso, cuando en la década de los noventa Julio Anguita desanduvo el camino del PCE y recuperó la bandera del republicanismo activo y militante. Ahora, la federación está entregada a la causa de la III República con la mirada puesta en el momento que todo el mundo juzga clave: la sucesión.

'Cuando acabe este recorrido y quiera pasarse el testigo habrá que poner el debate republicano sobre la mesa', opina también Joan Herrera, secretario general de Iniciativa. La izquierda alternativa no es la única que cree que aún hay partido: 'La Monarquía ha demostrado utilidad, pero debe superar el reto de la sucesión y demostrar que puede seguir siendo útil', abunda Carles Campuzano, diputado de Convergència i Unió.

'Se forjó un mito en torno al rey que ha dado legitimidad carismática a lo que es un lastre democrático. Pero hay más juancarlistas que monárquicos y vete a saber qué pasará con el relevo', añade Joan Ridao, secretario general de Esquerra Republicana (ERC).

El juancarlismo esa especie de republicanismo presidido por el rey Juan Carlos tiene su gran caldo de cultivo en el PSOE. Pero en opinión de Salvador Clotas, diputado de este partido en el Congreso durante casi 25 años y ahora director de la Fundación Pablo Iglesias, no hay caso. Y menos después de que algunos sectores de la derecha, capitaneados por Federico Jiménez Losantos, exhiban su desafección al rey: 'No existe necesidad de referéndum: tenemos una Monarquía parlamentaria, refrendada por la Constitución y claramente apoyada por el pueblo', subraya Clotas.

Las encuestas oficiales apuntan que la mayoría valora la Monarquía por encima del resto de instituciones. Pero un Publiscopio del pasado diciembre desveló que el 58% es partidario de poder volver a decidir entre Monarquía o República. 'No sé cuánto se tardará, pero llegará el día en que la Monarquía se verá como una antigualla', concluye Cayo Lara, coordinador general de IU.

La Constitución española de 1978 hace prácticamente imposible pasar de Monarquía a República. Teóricamente, incluye la posibilidad, pero exige requisitos mucho más duros que para los demás artículos.

La reforma exigiría el apoyo de 2/3 en ambas Cámaras, cuando la mayoría exigida para el grueso de reformas es de 3/5. Pero la dificultad es mucho mayor: a continuación, deberían disolverse las Cámaras, convocarse elecciones y lograrse de nuevo 2/3 de apoyos en el Congreso y el Senado. El último paso sería convocar un referéndum. Ninguno de estos pasos puede saltarse.

El mismo blindaje dificulta la reforma, presentada como técnica, de acabar la discriminación de la mujer en el orden sucesorio. Los criterios están detallados en el Título II, que regula la Corona y cuya reforma está blindada. La posibilidad de una Iniciativa Legislativa Popular no es aplicable a la Corona, como tampoco a las leyes orgánicas.