Peritos limitan las ganancias de Alierta y Plácer con acciones de Tabacalera

Varios de los peritos que declararon hoy en el caso Tabacalera, en el que se juzga a César Alierta y a su sobrino, limitaron a entre 48,9 y 81 millones de las antiguas pesetas las ganancias obtenidas por la compra de acciones de la empresa si hubiera habido uso de información privilegiada.

Los peritos llamados a declarar a petición de la defensa del ahora presidente de Telefónica cuestionaron los períodos tomados por la Fiscalía para cuantificar las ganancias, que el Ministerio Público cifra en 309 millones de pesetas o 1,86 millones de euros al tener en cuenta el período de compra de los títulos (entre agosto y septiembre de 1997) y el de venta (enero y febrero de 1998).

El presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta, llegó a considerar que los beneficios obtenidos con acciones de Tabacalera por Creaciones Baluarte -la sociedad fundada por Alierta cuando era presidente de Tabacalera y traspasada a su sobrino Luis Javier Plácer- fueron "muy similares" a los que habría logrado cualquier otro inversor que hubiera comprado tras conocerse la adquisición de Havatampa y la subida de los precios del tabaco negro en 1997.

Ureta insistió así en que sería mínimo el beneficio logrado por un hipotético uso de información privilegiada, y defendió en cualquier caso que los efectos de esa supuesta información reservada deberían ser acotados más en el tiempo respecto a los plazos utilizados por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, defendió que la presunta información privilegiada se diluiría el día 16 de septiembre de 1997, tras la publicación de la compra de Havatampa y el incremento de los precios del tabaco negro.

Por su parte, el socio del despacho Uría Menéndez Luis de Carlos Bertrán limitó a 48,9 millones de pesetas el beneficio obtenido al insistir en que "sólo habría que tomar en consideración la plusvalía latente obtenida dentro del período sospechoso" de uso de información privilegiada, que en su opinión concluiría el 15 de septiembre, tras hacerse pública la compra de Havatampa y la subida de los precios del tabaco.

"La revalorización posterior está al alcance de todos los inversores y puede haber otros muchos factores que afecten a la negociación", defendió, y dijo que ese es el criterio aplicado en otros países como Estados Unidos e Italia.

Por su parte, el socio de Garrigues Fernando Vives, también llamado a declarar por la defensa, abundó en la idea de que los beneficios obtenidos supuestamente por el uso de información privilegiada deberían ser restringidos, en su opinión, desde el período de compra hasta el 25 de septiembre, fecha de máxima revalorización de las acciones.

Una vez descontada la revalorización en ese período del Ibex-35, el experto consideró que los beneficios no superarían los 81 millones de pesetas.

Ureta y Bertrán explicaron que las decisiones adoptadas por Tabacalera en septiembre de 1997 -que Anticorrupción considera que dispararon el precio de la acción y propiciaron un beneficio ilícito para Alierta y su sobrino- se trasladaron de forma "inmediata" al precio de la acción.

"Se puede ver que la subida del día 15 es explicable por el hecho relevante (del precio del tabaco); a partir de ahí entran muchas circunstancias y todo es difuso", defendió Bertán, que hizo hincapié que "como mucho, los efectos se pueden extender hasta el día siguiente".

Ureta también defendió que Plácer no podría ser un caso habitual de inversor con información privilegiada porque mantuvo las acciones de Tabacalera en cartera tras publicarse las informaciones relevantes para la empresa.