Pescanova inicia una nueva etapa tras cerrar un acuerdo con sus acreedores

Pescanova anunció este viernes, a través de su administrador concursal, Deloitte, que se ha alcanzado un acuerdo de convenio con un 63,35% de respaldo, que permitirá la continuidad de la compañía después de que los bancos acreedores (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, NCG Banco, BBVA y UBI Banca) tomaran el lunes el control del grupo. "Se considera que éste es un momento histórico que marca el principio de una nueva fase en la que el Grupo se mantendrá como una de las grandes multinacionales gallegas y cabecera de un grupo de referencia en la actividad pesquera y acuícola a nivel mundial", señaló la compañía.

El 63,65% de los acreedores apoyan el  convenio presentado por la banca

Tras fracasar el proyecto de reflotamiento propuesto por el grupo Damm y Luxeampart, los bancos propusieron un nuevo plan con un reconocimiento de deuda de 1.000 millones de euros (300 millones más de lo propuesto por Damm), una inyección de capital de 125 millones de euros para garantizar la continuidad de la empresa, y la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda (que se convierten en acciones de la compañía), lo que supone una quita cercana al 60%. La nueva propuesta, que cierra al grupo Damm su intención de hacerse con el control de Pescanova, está liderada por Sabadell, Popular y Caixabank que se convertirán en principales accionistas de la empresa, al ser los que mayor pasivo tienen pendiente con la pesquera, con cerca de 590 millones de euros, tras capitalizar deuda.

Previsiblemente los bancos buscarán ahora socios industriales para avanzar en el proceso de reflotamiento, nombrarán un nuevo consejero delegado (cargo para el que suena el nombre del actual administrador concursal Senén Touza), y remodelarán un consejo que abandonarán Luxempart y Damm.

En uno de los escándalos empresariales más importantes del pasado reciente en España, Pescanova entró en concurso de acreedores hace un año tras detectarse un gran agujero patrimonial y pérdidas millonarias no declaradas que llevaron ante la justicia a su expresidente, José Manuel Ferández de Sousa, y varios de sus ejecutivos y cedieron la gestión del grupo de alimentos congelados a Deloitte.

La consultora cifró el agujero patrimonial en casi 1.700 millones de euros y estimo una deuda superior a los 3.600 millones de euros en un grupo con más de 10.000 empleos directos, una marca muy reconocida, facturación multimillonaria y caladeros en los mejores océanos del mundo.