El Congreso de los Diputados quiere que el consumo de alcohol y drogas sea considerado como agravante en los delitos relacionados con la violencia de género, como ya ocurre en los cometidos contra la seguridad vial. Así se recoge en el texto de conclusiones aprobado ayer por todos los grupos parlamentarios en la subcomisión de Igualdad, que durante nueve meses ha estudiado la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En el documento aprobado ayer, que deberá ser ratificado la semana que viene en la Comisión de Igualdad del Congreso, se pide explícitamente 'que la exposición a los efectos de bebidas alcohólicas o a las drogas no debe contemplarse como circunstancia atenuante o de eximente'. Es así como se contempla en el Código Penal en la comisión de cualquier delito, excepto en algunas infracciones, como son los delitos contra la seguridad vial. En estos casos, la ingesta de estas sustancias está considerado como agravante y su consumo al volante conlleva penas de prisión de tres a seis meses.

Los diputados quieren que los delitos se equiparen a los de Tráfico

Sin embargo, en los delitos relacionados con la violencia machista, el consumo de bebidas alcohólicas y drogas puede suponer una reducción de pena o incluso la absolución del acusado, como denuncian las asociaciones que luchan contra los malos tratos.

En un estudio presentado el pasado octubre por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que analizó 530 sentencias- se concluía que en 21 de los fallos, los jueces habían aplicado como atenuante la influencia del consumo de alcohol o drogas. En ninguna de estas sentencias se aplicó el eximente por este motivo.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, se mostró ayer satisfecha por la propuesta planteada por el Congreso. 'El consumo de alcohol y drogas se introdujo como agravante en los delitos relacionados con la seguridad vial, porque se vio como una manera de concienciar a los conductores, y está dando buenos resultados', indicó. Añadió que, en lo que se refiere a la violencia de género, 'es bueno aprender de la experiencia específica en otros ámbitos'.

De 530 fallos analizados por el CGPJ, en 21 se aplicó el atenuante

Por ello apuntó que 'es necesario' tomar como referente y 'aprender de la concienciación social que han logrado las campañas relativas a la seguridad vial'. 'Con las campañas de Tráfico se ha logrado una mayor concienciación y responsabilidad en la carretera, pero no así con la violencia de género, que según las últimas encuestas [del Centro de Investigaciones Sociológicas] sólo un 3% de los españoles la percibe como un problema', afirmó Gonzalo.

Precisamente, otra de las recomendaciones aprobadas por los grupos parlamentarios es la puesta en marcha de campañas de publicidad permanentes, y que estén dirigidas 'a la sociedad en su conjunto, fomentando el rechazo de la violencia y la necesidad de su implicación de forma activa para que se tome conciencia de qué es realmente esta lacra social'. Otras campañas, recoge el texto, también deben enfocarse a las víctimas, para incidir en que la fase de violencia se puede superar, y a los maltratadores, 'reprochando su conducta con contundencia'.

Los grupos parlamentarios estuvieron también de acuerdo en incrementar la protección a los hijos de las víctimas de la violencia de machista. Así, se propone que la condena firme por malos tratos conlleve la pérdida de la custodia por parte del agresor además de la suspensión del régimen de visitas. Los diputados ven además necesario que la orden de protección de la víctima se haga extensiva a sus hijos y que no se aplique la mediación familiar en los casos de violencia de género.

La subcomisión pide incrementar las campañas de prevención

Respecto a los menores, el texto hace especial hincapié en que ni los tribunales ni los organismos públicos 'acepten' el Síndrome de Alineación Parental (SAP) (por el que se supone que uno de los progenitores influye a los hijos contra el otro), ni la aplicación de su terapia. 'No compartimos la existencia de este síndrome, y por ello pedimos que no se aplique su terapia', afirmó ayer la portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, Carmen Montón.

En general, todos los grupos se mostraron de acuerdo en que la Ley Integral contra la Violencia de Género - aprobada en diciembre de 2004- es una norma 'que ha mejorado la respuesta contra la violencia machista', como señaló ayer la portavoz adjunta de Igualdad en el Grupo Popular, Susana Camarero. Aun así, tanto el PP como CiU presentarán sendos votos particulares que pedirán la separación de los asuntos civiles y penales de los juzgados especializados de violencia de género.

Esta medida, una de las novedades introducidas por la ley, pretende aplicar de forma más eficaz la protección a la víctima. Sin embargo, para la diputada de CiU, Mercè Pigem, en los juzgados especializados se está dando prioridad a los asuntos penales, lo que implica un retraso de la tramitación de los asuntos civiles, como el incumplimiento de las pensiones, informó Efe.