Piden 10 años de cárcel para cinco personas por la muerte de un obrero en Fuengirola

Cinco personas se enfrentarán a una petición fiscal global de diez años de prisión por la acusación de homicidio imprudente de un obrero que falleció tras tropezar con un obstáculo, perder el equilibrio y precipitarse por el hueco de una escalera.

La fiscalía malagueña pide la apertura de juicio oral contra estas cinco personas y también solicita que se les condene a cada uno de ellos a una multa de doce meses con una cuota diaria de 30 euros por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

Según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, la víctima, que había sido contratado con categoría de peón albañil, tenía 46 años, estaba casado y tenía dos hijos.

Entre los acusados, se encuentran tres socios de una empresa que se había encargado de la construcción de cuatro viviendas en la localidad malagueña de Fuengirola, un arquitecto y el encargado de obra.

El accidente laboral ocurrió sobre las 12.20 horas del 31 de enero de 2007 cuando el operario realizaba tareas de desescombro de la tercera planta del edificio que le habían encomendado sus superiores.

Para dicha tarea agrupaba los escombros en montones a lo largo de la planta, los recogía con una carretilla de mano con la que los trasladaba hasta el hueco del ascensor y de allí hasta la planta baja, donde depositaba los desechos en un contenedor.

En un momento dado, al trasladar la carretilla cargada en esa ocasión con 60 kilos de peso hasta el hueco del ascensor, tropezó con un obstáculo, lo que le hizo perder el equilibrio y se precipitó por el hueco de la escalera.

El lugar por el que el trabajador cayó carecía de barandillas u otra medida de protección suficientemente resistente o eficaz para evitar la caída, según se destaca en el escrito del fiscal.

Por todo ello, el fiscal acusa a los dueños de la empresa que promovía la obra, el arquitecto técnico, que formaba parte de la dirección facultativa de la construcción y además había sido designado coordinador de seguridad y al encargado de la obra por la constructora.

La acusación pública considera que los procesados no realizaron la inversión necesaria para la prevención de accidentes y permitieron que sus operarios trabajaran sin medidas de protección en lugares de riesgo de caída de altura.