El Parlamento de Guatemala recibió hoy una petición respaldada con la firma de más de 35.000 guatemaltecos para despojar de su inmunidad al presidente de este país, Álvaro Colom, incriminado en un asesinato.

La petición fue entregada al presidente del Parlamento, Roberto Alejos, por un grupo de abogados que representan el dominado "movimiento cívico", integrado por miles de guatemaltecos que exigen la renuncia de Colom, por su supuesta vinculación en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

"Acudimos al Parlamento para que ordene al Fiscal General (Amilcar Velásquez) que inmediatamente inicie el proceso penal en contra del presidente y su secretario privado, Gustavo Alejos, por los señalamientos hechos por Rodrigo Rosernberg antes de ser asesinado", dijo a Efe el abogado Luis Pedro Álvarez.

El jurista precisó que la petición no fue presentada directamente al Fiscal General, "porque no confiamos en él, porque responde directamente a los intereses del Gobierno, toda vez que fue nombrado por el presidente. Por eso es que consideramos que es el Parlamento el que debe exigirle que cumpla con sus deberes".

En la petición, que fue acompañada por miles de octavillas que contienen las rúbricas de más de 35.000 personas, se solicita al pleno del Parlamento "exigir al Fiscal General que, ante las graves acusaciones penales (...) tramite ante los tribunales de justicia" el proceso judicial para retirar la inmunidad al mandatario.

"Una vez declarado con lugar la petición de antejuicio (...) se proceda a nombrar, por falta temporal del presidente de la República, al vicepresidente como presidente", señala la petición.

Álvarez aseguró que si "en un plazo de ocho días no tenemos respuesta positiva a nuestro llamado moral a los diputados, llamaremos a la resistencia pacífica y convocaremos a un paro nacional".

El presidente del Parlamento, Roberto Alejos, se comprometió ante los peticionarios a que "hoy mismo" convocará a los jefes de bloques (legislativos), "para que sepan de la petición y establecer la fecha en que la misma será conocida por el pleno".

En declaraciones a Efe, Alejos explicó que el "pleno es el que tiene la última palabra respecto a esta petición. Las decisiones son colegiadas y ningún diputado puede tener injerencia en lo que se debe hacer".

Según la legislación guatemalteca, la petición para retirarle la inmunidad al presidente debe ser solicitada por la Fiscalía a un juez penal, basada en justificadas presunciones de delitos, que a su vez tiene que trasladar el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

A la Corte Suprema, tras analizar la petición, le corresponde enviar la petición al Parlamento, cuyo pleno iniciaría un "juicio político" en contra del mandatario, en el que se decide si despoja o no de la inmunidad al Jefe de Estado.

La crisis que enfrenta Colom, la más grave del mandato que comenzó hace 17 meses, se desató el pasado lunes, tras conocerse un vídeo grabado en vida por el abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado el pasado 10 de mayo, en el que acusa de su muerte al mandatario, su esposa Sandra Torres, y su secretario privado, Gustavo Alejos.

El escándalo político, que ha polarizado a la sociedad guatemalteca, ha generado masivas manifestaciones enfrentadas, en las que, por un lado, opositores y empresarios exigen la renuncia del presidente, y campesinos y pobladores pobres, por el otro, muestran su apoyo y solidaridad.

Álvaro Colom ha insistido desde el primer momento en su inocencia, responsabiliza de la crisis a sectores interesados en desestabilizar su Gobierno, y ha asegurado que la "verdad saldrá a luz" en las investigaciones que sobre este caso realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), dirigida por el jurista español Carlos Castresana.