Piden diez años de cárcel para cinco sindicalistas por "coacciones" durante la huelga general de 2010

Este martes se celebra el juicio contra cinco sindicalistas de CCOO en La Rioja para los que la Fiscalía pide 10 años de cárcel -dos años por cada acusado- por un delito de coacciones durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

El Ministerio Público también solicitó una multa de nueve meses, a razón de seis euros diarios para cada uno de los cinco imputados, como presuntos autores de un delito de daños en las instalaciones de una fábrica, cuya empresa denunció tras el paro general. Según precisaron fuentes conocedoras del proceso, los hechos ocurrieron a las 23:45 horas del 28 de septiembre de 2010, dentro del plazo del derecho a la huelga a efectos del turno de noche de entrada a las fábricas, que se inicia a las 22:00 horas. Según explicó en su día Koldo González, secretario general de CCOO La Rioja y uno de los encausados en el proceso, un piquete informativo de unas 40 personas entró en la empresa sin producir incidente alguno "de manera pacífica por el pasillo central de la empresa y sin alterar el ritmo normal de la producción". Allí, el piquete comenzó a a hablar con los trabajadores informándoles del paro general convocado, algo que se encuadra dentro de la legalidad.

Desde la Confederación Sindical de CCOO han condenado el juicio, que tildan de "antidemocrático" y entienden que se está vulnerando el principio de libertad sindical. Según expresan en un comunicado, el objetivo de este proceso es "el de criminalizar la protesta social y, con ella, cuestionar los más elementales instrumentos de participación social y democrática".

Para CCOO, "asistimos a una grave rebaja de las garantías democráticas de la ciudadanía", a un proceso que acompasa las políticas de austeridad y recortes con recortes "también en materia de derechos civiles y libertades democráticas". EL sindicato ha anunciado que "ante los atentados que se están produciendo contra derechos básicos que se configuran como parte del Estado Social", que impulsará la movilización social y recurrirá a organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la OIT "para dejar constancia de la conducta antidemocrática de algunos poderes públicos en España contra el movimiento sindical".