El asesor jurídico del ex alcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil, José Luis Sierra, se enfrentará junto con su esposa a una petición total de nueve años de prisión por delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental.

El ministerio público pide para el matrimonio la apertura de juicio oral y que se les prohíba la obtención de subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.

Además, solicita que indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública en 253.528,16 euros, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Jose Luis Sierra ostentó la dirección de la Asesoría Jurídica Externa del Ayuntamiento de Marbella hasta 2001 y además ejercía la abogacía en ejercicio libre por lo que "como cualquier otro abogado en ejercicio estaba obligado (...) a llevar los libros de ingresos, de gastos, bienes de inversión, de provisiones", entre otros, según el fiscal.

El acusado y su esposa, Miriam Martínez, presentaron presuntamente ante la Agencia Tributaria con fecha de junio de 2002 la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio económico de 2001 y solicitaron la devolución por 8.733,65 euros.

Sin embargo, los procesados, indica el fiscal, ocultaron en su declararon "que habían obtenido cuantiosos ingresos en 2001 procedentes del Ayuntamiento de Marbella".

En este sentido, el fiscal recuerda que en enero de 2001 la Comisión del Ayuntamiento de Marbella, presidido entonces por Julián Muñoz, como alcalde accidental, reconocía adeudar al acusado 2.095.342 euros, como honorarios profesionales por la dirección letrada en cuatro procedimientos judiciales.

En cumplimiento de dicho acuerdo, el acusado recibió casi la mitad de la deuda, ingresos que "no se incluyeron en la declaración anual de IRPF", así como tampoco otros honorarios profesionales de 40.713,20 euros.

En varias inspecciones, la Agencia Tributaria constató que José Luis Sierra carecía de todos los libros legales obligatorios, limitándose en el curso del procedimiento a aportar facturas que supuestamente justificaban los gastos que, por importe de 43.222,47 euros, había incluido en la autoliquidación del impuestos de 2001, y además pretendía justificar más gastos mediante diversas facturas.

El total de estas facturas que los acusados aportaron al expediente el 26 de octubre de 2004 se eleva a 642.887,62 euros, siempre según el relato fiscal.

La fiscalía malagueña entiende que las "facturas estaban específicamente expedidas para justificar gastos no reales y compensarlos con los ingresos obtenidos en ese ejercicio de 2001, reduciendo así la base imponible del impuesto".

La inclusión en la base imponible de los ingresos ocultados por los acusados determina para la acusación pública "la existencia de una cuota diferencia dejada de ingresar por importe de 253.528,16 euros, cantidad en la que resulta perjudicada la Hacienda Pública".

Por último, el fiscal destaca que los acusados han consignado en el Juzgado Instructor el importe de la deuda tributaria defraudada a resultas del procedimiento.