Piden ocho años de cárcel para los acusados por vender material neonazi

La Audiencia de Barcelona acoge a partir de hoy el juicio contra los responsables de la desaparecida Librería Kalki de la capital catalana y de una editorial de Molins de Rei por comercializar libros y productos de ideología nazi.

Los cinco acusados se enfrentan a penas de entre cinco y ocho años de cárcel y multas de hasta 27.000 euros.

En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que, enero y julio de 2003, los procesados vendieron, a través de la librería -en la calle Argenter del barrio de Sant Pere- y de su página web, todo tipo de publicaciones en las que se niega el genocidio sufrido por los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Algunos de los libros también incitan a la discriminación, la exclusión y la eliminación de distintos grupos raciales, y exaltan y justifican los regímenes fascistas totalitarios basados en la supremacía de la raza aria.

La venta de este tipo de libros constituye, para el fiscal, un delito continuado de difusión de ideas genocidas y otro contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

El fiscal pide que se condene al responsable de la Librería Kalki, Óscar P.G., al propietario de la editorial, Juan Antonio L.S., y al presidente del Círculo de Estudios Indoeuropeos (CEI) --una asociación de ideología neonazi camuflada como ente cultural sin ánimo de lucro--, Ramon B.P., a cinco años de prisión por esos dos delitos, así como a una multa de 7.200 euros para el primero y de 10.800 euros para los otros dos.

Carlos G.S., que en mayo de 2004 también fue detenido como integrante de la cúpula del CEI -cuya delegación catalana era presidida por Óscar P.G.-, se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 7.200 euros por los mismos delitos.

Además, el fiscal pide que se condene a Óscar P.G. y Carlos G.S. a un año y medio de cárcel y una multa de 9.600 euros por un delito de asociación ilícita, y a Ramon B.P., a tres años de prisión y 16.200 euros de multa. El fiscal pide que se absuelva a un quinto acusado, Juan Carlos G.M.

Las investigaciones empezaron a finales de 2002 tras tener conocimiento de que, a través de la librería y de la editorial, se distribuía este tipo de material. La citada librería vendía los libros editados por la empresa editorial, por lo que los Mossos establecieron un vínculo profesional y comercial entre los dos detenidos.

En los registros practicados, los agentes intervinieron 10.000 libros, cintas de vídeo, revistas, publicaciones en otras lenguas, "fanzines" y esvásticas. La mayoría de las publicaciones se distribuían en Europa, sobre todo en Francia y Portugal, así como en Sudamérica, principalmente en Chile.