Piden paralizar la salida de legajos del CDMH y advierten de nuevos envíos

El investigador Policarpo Sánchez ha pedido hoy al Gobierno de España en funciones que paralice "de inmediato" la salida de nuevos legajos del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca (CDMH) y ha advertido del inminente envío de más documentos.

Sánchez, que lleva varios años investigando en el CDMH, estima, según recoge en un comunicado que ha remitido a los medios de comunicación, que el Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero, "debe paralizar de inmediato cualquier salida de fondos documentales del Archivo de Salamanca y los trabajos preparatorios que se vienen desarrollando en el seno del Centro Documental".

A su juicio, los resultados de las elecciones del 20-N "dejan sin autoridad moral al Gobierno para decidir una nueva salida de papeles para Cataluña, que afecta de manera tan importante al Patrimonio cultural y documental del Estado".

En su opinión, tiene que comprobarse "con total transparencia, garantías y control si el próximo traslado de documentos incurre en las mismas graves irregularidades habidas en los anteriores envíos a Cataluña".

Entre ellas, ha mencionado "la vulnerabilidad de la Ley al remitir a Cataluña documentación incautada fuera de esa comunidad autónoma", al tiempo que ha tildado de "inmoral" el traslado de legajos que, aunque amparados por una Ley no corresponden a particulares catalanes, sino a refugiados de otros lugares de España, que se encontraban circunstancialmente en Cataluña".

En este sentido, Sánchez ha resaltado que las comunidades autónomas "más gravemente perjudicadas" han sido "Valencia, Madrid, Asturias y Aragón.

Además, ha insistido en que "no se ha respetado la voluntad de los legítimos propietarios de la mayoría de la documentación, que manifestaron por escrito al Ministerio de Cultura su decisión de mantener en el Archivo de Salamanca sus fondos y se opusieron rotundamente a su traslado a Cataluña".

Para el investigador, "no se ha reparado a las víctimas de la guerra civil, sino que se ha mercadeado con su documentación para obtener apoyos políticos a cambio del patrimonio cultural y documental de todos los españoles. El Gobierno ha desguazado un Archivo Nacional".

La vulneración de la Ley también se ha producido, en opinión de Sánchez, "al no depositar en el Archivo de Salamanca una copia de todos los documentos enviados a Cataluña", ya que, ha aseverado, "los duplicados dejados no tienen la consideración de copia auténtica".

Finalmente, el investigador ha subrayado que "debe exigirse a la Generalidad de Cataluña que devuelva al Archivo de Salamanca toda la documentación recibida fuera del marco de la legalidad" y que, según sus estimaciones, "se sitúa en torno al 80 por ciento de la recibida".