Plasencia publicará las sentencias firmes de maltratadores

Contra la violencia de género, arrinconar al maltratador. Es uno de los objetivos del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), que ayer anunció que publicará en la página web municipal las sentencias firmes por delitos graves o muy graves en casos de violencia machista. El consistorio sigue la experiencia de la Junta de Castilla-La Mancha, que hace públicos los fallos desde hace siete años.

"No es un problema privado, sino que nos afecta a toda la sociedad y no se puede silenciar", explicó la concejal de Igualdad, Raquel Puertas. Para que las sentencias puedan publicarse la víctima deberá dar su visto bueno. Se preservará el derecho a la intimidad de la mujer agredida, así como la de los menores que formen parte de la familia sobre la que el maltratador ejerció la violencia. En lo que va de año 17 mujeres han sido atendidas en el centro de atención a maltratadas de Plasencia.

Puertas señaló que la primera intención del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, fue crear un registro de maltratadores, pero los servicios jurídicos municipales advirtieron de que se podría vulneraría la Ley de Protección de Datos.

Registro de maltratadores

"Es un poco absurdo que no podamos tener un registro de maltratadores si existen de morosos", se quejó la concejal. De hecho, si el PSOE gana las elecciones generales del próximo 9 de marzo, el Gobierno creará un registro de maltratadores con órdenes de alejamiento y con sentencia firme.

La única Comunidad Autónoma que ya publica las sentencias firmes es Castilla-La Mancha, desde mayo de 2001. Según datos del Instituto de la Mujer regional, en 2004 se hicieron públicos 75 fallos.

Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, la medida es muy positiva. "Para luchar contra la violencia de género hay que llevar una política similar a la que se ha realizado con el terrorismo, como es el rechazo de la sociedad".

Monserrat Comas, presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, cree que la iniciativa favorece la prevención del delito por el hecho de que la sentencia sea pública, según EP.