La población juvenil española ha pasado de 10 a 6 millones en 25 años

La población juvenil española ha pasado de ser de casi 10 millones en el año 1981 a tan solo 6,6 millones en el 2008, según el análisis de la población juvenil española elaborado por el Instituto de Política Familiar (IPF).

El informe, dado a conocer hoy, demuestra que esta disminución, de casi 4 millones de jóvenes, hubiera sido aún mayor si no es por la inyección de juventud inmigrante que ha atenuado levemente esta caída.

Tan sólo uno de cada siete españoles era menor de 14 años en 2008, lo que representa el 14,3 por ciento de la población total, un dato que posiciona a España en el puesto diecinueve de la Unión Europea (UE) en cuanto a población menor de 14 años.

Irlanda, Francia y Dinamarca, con 20,6, 18,5 y 18,4 por ciento, respectivamente, ocupan los tres primeros puestos.

El presidente del IPF, Eduardo Hertfelder, ha afirmado que "se está produciendo una auténtica sangría de jóvenes", consecuencia lógica, en su opinión, de la "nefasta política sobre la familia que han llevado las administraciones en general y este Gobierno en particular".

Hertfelder ha señalado que el hecho de que España sea el país de la UE que menos ayuda a la familia (24 euros al mes por hijo a cargo), muy por debajo de la media europea (125 euros al mes), está provocando el que cada vez haya menos natalidad y por consiguiente el descenso de juventud.

En el estudio se ha puesto también de manifiesto que España es el país de la Unión Europea que más rápidamente pierde juventud. En los años ochenta era, junto a Irlanda, el país con mayor proporción de jóvenes (uno de cada cinco), pero en apenas veinticinco años esta situación ha cambiado radicalmente y España es, en la actualidad, uno de los países con menos proporción de juventud.

Mientras las administraciones públicas no se sensibilicen de la importancia y urgencia en abordar la problemática de la natalidad en España, ha dicho Hertfelder, se van a producir efectos muy negativos para la sociedad española, como la pérdida de las pensiones o la quiebra del estado de bienestar.