Polémica por la apertura de una fosa en Aragón

La Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha desafiado al Gobierno de Aragón saltándose la normativa regional sobre apertura de fosas comunes. La ARMH exhumó el pasado 17 de julio los cuerpos de dos fusilados de la Guerra Civil en Valderarnero (Calatayud, Zaragoza) sin comunicárselo a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que es la que tiene que tramitar el permiso. Esta, en respuesta, ha exigido a la asociación toda la información sobre los trabajos y la ha advertido de que puede abrirle un expediente que incluiría una sanción económica de entre 60.101 y 300.506 euros.

El vicepresidente de la ARMH, Santiago Macías, aseguró ayer que no cree que la amenaza se cumpla y que su acción premeditada quiere denunciar "las numerosas trabas" que, a su juicio, les pone el Gobierno de Aragón.

La Ley de Patrimonio Histórico regional trata a las fosas comunes como si fuesen un yacimiento arqueológico. Y esa es precisamente la crítica principal que hace Macías. "Los restos humanos no pueden ser tratados como si fuesen un trozo de cerámica", sostiene. Este portavoz agrega que "nadie tendría que pedir ningún permiso para recuperar los restos de un familiar".

Desde el Gobierno de Aragón, enumeran los pasos que se ha saltado la ARMH en la apertura de dicha fosa: "No han pedido autorización para hacer la prospección ni para hacer la excavación, no está el visto bueno de las dos familias de los fusilados y han utilizado unos medios mecánicos que sólo se permiten en situaciones excepcionales".

Para Macías, estos argumentos subrayan aún más la "ignorancia y falta de sensibilidad" del Ejecutivo aragonés. "En la fosa de Calatayud había dos hombres fusilados. La hija de uno de ellos, Esther Tabuenca, pidió la exhumación. En el otro caso, no hay descendientes conocidos", señaló Macías. Tabuenca, según este miembro de la ARMH, es una mujer de 80 años de edad que está "muy afectada" por todo lo que ha ocurrido.